Principios Tributarios

INTRODUCCIÓN

Desde los principios de este siglo la imposición al Consumo ha tomado un importante auge, conformando hoy la gran mayoría de los sistemas tributarios de los diversos países del globo terráqueo y especialmente en su manifestación de Impuesto al Valor Agregado.
Podemos comenzar diciendo que el surgimiento de la ley se da en virtud de la situación social, fiscal y económica. En este sentido, debemos de señalar que todas estas leyes deben cumplir con el Principio de Legalidad, esta consiste en que todos los Órganos deben plegarse y guiarse por la Constitución.
Además de lo anterior para la aplicación de un tributo debe existir una ley previa que lo establezca ya que de no ser así carecería de validez.
A lo largo de este trabajo se tratarán las distintas bases legales de principios tributarios que dan origen a la ley del IVA (impuesto valor agregado) ,además de la estructura que del dicho impuesto el cual nos sirve para entender mejor el funcionamiento y la mecánica del impuesto, el cual va a depender de el tipo de contribuyente y su clasificación fiscal .
La normatividad en materia tributaria ha sido bastante frondosa en los últimos años. Su emisión ha sido inorgánica, signada más por necesidades del momento que por una política impositiva seria. En este contexto, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) se convirtió en una institución que era empleada por el régimen anterior, para ejercer una presión sobre la ciudadanía, de manera selectiva y muchas veces como arma de chantaje.
Además, es necesario tener en cuenta, para efectos de la interpretación, la existencia de ciertos principios tributarios que la Constitución ha consagrado expresamente, en especial los contenidos en el artículo 74° de la norma legal antes precisada.

CONCEPTO
Los principios tributarios señalados en la norma antes señalada, en especial en cuanto a normas emitidas por el Poder Ejecutivo. En algunos casos, el Tribunal ha convertido los principios tributarios en derechos fundamentales al amparo del artículo 3° de la Constitución (la llamada cláusula de derechos implícitos o no enumerados), y en otros, ha determinado en forma directa que los tributos que no obedezcan a una real capacidad contributiva del deudor tributario, o que impliquen una doble imposición por un mismo concepto (o hecho imponible), resultan inconstitucionales.
En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional declaró la inaplicación de ciertas normas tributarias por oponerse éstas a la Constitución, como por ejemplo, las normas que regían el hoy inexistente impuesto mínimo a la renta, las mismas que terminaron siendo derogadas en su momento. Asimismo, dejó de aplicar, por ejemplo, ciertas normas que regían el impuesto a los casinos de juego, contenidas en la Ley de Tributación Municipal, hoy derogadas.

CLASIFICACION DE LOS PRINCIPOS TRIBUTARIOS
PRINCIPIOS TRIBUTARIOS VULNERADOS
La subsistencia de este impuesto (cuya vigencia se ha prorrogado hasta el 31 de Diciembre de 2001, al amparo de la Ley Nº. 27349) contraviene los principios de no confiscatoriedad y de igualdad a los que hemos hecho referencia líneas arriba. En primer lugar, uno de los elementos que configuran el contenido esencial del principio de no confiscatoriedad, es la imposibilidad de que una misma actividad o un mismo hecho imponible (o hipótesis de incidencia) resulten gravados por tributos distintos. La presión sobre el contribuyente no está signada únicamente en cuanto a las alícuotas de los tributos que los afectan, sino también en cuanto al conjunto de los mismos. Un solo tributo podría no ser confiscatorio, pero la sumatoria de ellos sí. En el caso del Impuesto Extraordinario de Solidaridad, este grava la obtención de provecho económico de las personas como resultado de su trabajo, sea dependiente o independiente, hipótesis de incidencia que corresponde ya a otro impuesto, que es el impuesto a la renta.

Principio de la legalidad

Por ese principio se da el cumplimiento a lo que es un aportado en la tributacion por la cual no puede se tributo sin ley (nullm tributum sine lege). Sobre este aspecto hay un acuerdo doctrinal general que señala que es potestad exclusiva del poder ejecutivo, de ahí que según los tratadistas señalan que en cabal cumplimiento de este principio no es posible la delegación de facultades al orden ejecutivo y además este principio de legalidad debe ser aplicado por igual a todos los tributos sean estos impuestos, tasas y contribuciones.

De conformidad a nuestra. Constitución el principio de legalidad esta previsto en el Art. 74, por la cual se señala que los tributos se crean, modifican, derogan ose exoneran exclusivamente por ley, haciendo extensiva su expedición a través de un decreto legislativo a método de la delegación de facultades previstas en la constitución, a afecto que el poder ejecutivo delegue su facultad de legislas al poder legislativo mediante decreto legislativo

El tributos denominada tasa, al igual que los aranceles, son regulados mediante decreto supremo; por tanto, no están incurso dentro de la reserva de la ley.

En los casos de los gobiernos locales, éstos pueden crear, modificar, suprimir contribuciones y tasas o exonerar de éstas dentro del ámbito de su jurisdicción, facultad expresa dispuesta en al constitución.

Principio de publicidad

La constitución establece en el Art. 87 una enunciación genérica sobre la publicidad, como principio informante del sistema jurídico peruano “La publicidad es esencial para la existencia de toda norma del Estado, la ley señala la forma de publicación y los medios de su difusión oficial”. En consecuencia desde el punto de vista constitucional general, la publicidad es la existencia valida de la ley tributaria. Considera que la publicidad como uno de los principios por la cuales debe regirse la tributación nacional.

A su vez, el artículo 195 de la carta fundamental dice: “la ley es obligatoria desde el décimo sexto a su publicación a su diario oficial, salvo, en cuanto al plazo, disposición contraria de la misma ley. Las leyes que se refieren a tributos de propiedad anual rigen desde el primer día del siguiente año calendario. Este precepto ha modificado el principio que rigió durante el imperio de la constitución de 1933. Nadie explica por que los constituyentes reemplazaron el plazo del día siguiente por el décimo sexto día ulterio a su publicación en el diario oficial.

Esta publicidad tiende a configurar la presunción erga, en cuya virtud, por ficción legal, debe entenderse y presumirse si que valga prueba en contrario, que a partir del 16º avo día ulterio a la publicación de una ley tributaria, todo los contribuyentes, domiciliarios o no, obligados por la ley peruana, están perfectamente enterados de su texto y de todo los detalles referentes a su cabal cumplimiento
En materia tributaria la publicidad es esencial especialmente para una previa difusión de las nuevas leyes tributarias. El legislador tiene dos caminos para atender debidamente esta difusión previa, el silencio de los órganos periodísticos es también censurable, porque ellos pueden y beben cumplir una positiva labor de divulgación de estos dispositivos de naturaleza tributaria.

Principio de control jurisdiccional

Esta consagrada en el titulo V de la constitución política vigente Art. 295 toda violación a las garantías o derechos que reconoce la constitución, en material general y tributaria es inconstitucional; alterar la validez legal del acto cuestionario y vulnerada el rígido ordenamiento, que en la jerarquía jurídica tiene su expresión más importante en la Carta Fundamental. La vía procesal es la acción de amparo, que cautela los además derechos reconocidos por la constitución que sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad.
El tribunal de garantía constitucional es el órgano de control de la constitución y es competente para declarar, a petición de parte, la inconstitucionalidad parcial o total de las leyes, decretos legislativos, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravienen la constitución, por la forma o por el fondo; y para conocer en casación, las resoluciones denegatorios de la acción de habeas corpus y la acción de amparo, agotada la vía judicial.

En el orden práctico hay una doble garantía de control de la constitución; a través del Poder Judicial y en vía de casación por el tribunal de garantías constitucionales, que conoce en última instancia del recurso de amparo; y mediante la acción de inconstitucionalidad, que se ejercita directamente ante el tribunal ya citado. Existe pues un control judicial constitucional y en ultima instancia el control por excedencia, confiado al tribunal de garantías constitucionales puede originarse de leyes, reglamentos y normas administrativas, en general; de resoluciones a actos violatorios de la garantías o derechos consagradas en la Carta Fundamental, y que de modo directo o indirecto protegen al deudor tributario, decretos de carácter general que expide al Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y gobiernos locales y además personas y gobiernos locales.

Principio de justicia

La consagra el principio de “justicia tributaria” en cuya virtud los contribuyentes debe aportar al sostenimiento del Estado en proporción a sus respectivas capacidades como enuncio Adan Smith en 1767. La doctrina lo confunde con el principio de igualdad, que es su remoto antecedente como acota Giulian, algunas veces se traduce la expresión usada por Adam Smith como “equidad” lo que no es correcto porque equidad significa igualdad

Como ya hemos expresado en paginas anteriores, el principio de igualdad, insumido en lo de informidad, no hace referencia a una igualdad numérica o aritmética frente al tributo que seria gravemente injusto, sino a la necesidad de darle el mismo tratamiento a los contribuyentes que se encuentra en análogas situaciones, de modo que no constituye en regla férrea, como lo tiene precisado la jurisprudencia, porque permite la formación de distinguidos o categorías siempre que estas sean razonables con exclusión de toda discriminación arbitraria, injusta o hostil contra determinadas personas o categorías de personas.

Principio de la equidad o igualdad
De conformidad con el Art. 2 inc 2 de la constitución, todos los habitantes son iguales ante la ley, numeral que en concordancia en le Art. 74 del mismo cuerpo legal establece que el estado en el ejercicio de la potestad tributaria debe respetar el propio principio de la igualdad entre otros principios; preceptos normativos suficientes que orienten y definen cualquier situación que indique exclusión distinción arbitraria en contra de algunas personas o categoría de persona.
La equidad se puede tratar desde dos ángulos: tratamiento igual para los iguales (equidad horizontal) y diferente para los diferentes (equidad vertical). Este último aspecto, en concreto, hace referencia a gravámenes superiores a quienes tienen mayor ingreso, riqueza, o capacidad de pago o de consumo, pero ello genera conflictos con el principio de la neutralidad.
De acuerdo con el Banco Mundial, los países en desarrollo tienen problemas de equidad horizontal por disponer de una cobertura de instrumentos tributarios irregular. Por ejemplo, en la región tributan muy pocos terratenientes, agricultores, y, comerciantes y las profesiones liberales, lo cual produce una discriminación contra quienes si pagan impuestos, lo que constituye una inequidad desde el punto de vista horizontal.
Por su parte, según el BID (1998: 130), no se presentan avances en la equidad vertical a pesar de altos impuestos progresivos. En este punto se critica la existencia de regímenes especiales, exenciones, gravámenes diferenciales, lo cual crea regímenes complejos, difíciles de administrar, con lo que se produce la posibilidad de la evasión y se generan distorsiones que atentan contra la asignación eficiente que hace el mercado.
El tratamiento justo tiene a su vez otra acepción. La tributación se debe determinar de conformidad con reglas justas y razonables y no por medio de mecanismos de negociación. En otras palabras, el sistema tributario debe estar definido por reglas precisas y claras, en tal forma que estén explícitamente determinados los deberes, derechos y procesos para cada contribuyente, y no que esté sujeto a determinaciones discrecionales y arbitrarias de funcionarios de la administración tributaria.
Una administración (o un gobierno, en el caso más general) no puede crear o modificar arbitrariamente los tributos porque esto sería un acto legítimo e injusto. Los impuestos deben ser el resultado de un proceso político mediante el cual la sociedad, por intermedio de los órganos de representación popular, establece las contribuciones que se le cobran al pueblo y los gastos que se financian con ellas (esto es lo que constituye el presupuesto público). Es la esencia de la democracia burguesa.
La razón de la existencia de los impuestos es la existencia del Estado al servicio de la sociedad. De acuerdo con el FMI, los impuestos deben gravar a quienes se benefician de la protección y los servicios del Estado (Instituto FMI 1988 b). De aquí, deriva la potestad del Estado de gravar con impuestos a residentes y ciudadanos, en la medida en que el Estado provee bienes y servicios públicos tales como educación, salud, servicios públicos domiciliarios, y seguridad social, y defiende los intereses nacionales con todo lo que ello implica: administración general, seguridad, defensa nacional, fomento económico, infraestructura básica,
Sin embargo, en la medida en que el Estado se ha venido retirando de las funciones mencionadas, en esa misma medida pierde legitimidad para cobrar impuestos. Este es uno de los problemas centrales en el aumento de la evasión: si la sociedad no percibe que los impuestos le son retribuidos en bienes y servicios, no encuentra razón para pagarlos.
Y esta es una de las grandes fracturas del discurso contemporáneo. Mientras se pide reducir el tamaño Estado en la parte del gasto, en la parte de los impuestos se pide aumento del mismo y para justificar esta contradicción, se invoca el discurso de la disciplina fiscal. Sin embargo, habría que determinar el papel que cumple dicha disciplina, para poder entrar a calificar la justeza de los impuestos en el contexto de las reformas actuales.

Principio de la no confiscación

La constitución dice en el articulo 139 segundo párrafo “no hay impuesto confiscatorio ni previligiado personal en materia tributaria”. Esto debe concordarse con los preceptos constitucionales que garantiza la propiedad, como el articulo 125 que dice “la propiedad es inviolable el estado lo garantiza. A nadie lo puede privar de lo suyo sino por causa de necesidad y utilidad publica o de interés social, declarando conforme la ley, y preví pago en dinero de indemnización justipreciada”
la doctrina es unánime en precisa que ambos preceptos, que se manifiestan constantes en la generalidad de constituciones del Mundo Occidental, son una garantía elemental para el contribuyente, para evitar que por la vía indirecta se haga lo que la Carta Política por vía directa; es decir se evita que se utilice el factor tributario como instrumento confiscatorio.

Cada país posee características propias que orientan su sistema tributario; y por ello, consideramos que el limite razonable para la valides constitucional de los tributos, no solo debe obedecer a la estructura tributaria des sistema si no también ala presión tributaria fija oficialmente en una época determinada. Entendiéndose por presión tributaria, la relación del producto de los tributos con el valor de la producción nacional.

Sostienen el respecto que le presión tributaria esta íntimamente vinculada a la idea de sacrificio impuesto a la colectividad por la detracción fiscal, a través de lo impuestos; de allí que se diga que “es tolerable” o “excesiva”, en la mediad que lo sea el sacrificio impositivo que soporte la ciudadanía en determinado momento. Nada tiene que ver el principio de “no confiscatoriedad” con el consumo que establece la ley, o modo de pena, tanto en el orden tributario como en el aduanero.
Desde la disposición expresa constitucional por la ningún tributo puede tener efecto confiscatorio asegura la inviolabilidad de la propiedad privada garantizando su libre uso, disfrute y posición, toda vez que existe disposición constitucional expresa que prohíbe la confiscación.
Se ha señalado que existe confiscatoriedad cuando se absorbe parte sustancial de la propiedad o de la renta en este caso.

El articulo 154 del código tributario, establece que constituyen infracciones sustanciales sancionadas con el comiso la elaboración, circulación y comercio de producto o mercadería gravadas, que se efectuad sin cumplir los requisitos exigidos por las disposiciones legales y reglamentarias se trata de una institución propia del Derecho Penal Tributaria.

Por otro lado, el principio constitucional de igualdad tributaria, es afectado en tanto se aplica el Impuesto también a los contribuyentes que perciben rentas provenientes del trabajo (de cuarta y quinta categoría), gravando sus ingresos. Sin embargo, no se aplica a los contribuyentes de otras categorías, cuyas rentas podrían resultar inclusive más elevadas (aplicando el criterio de capacidad contributiva).

Principio Eficiencia
El concepto de la eficiencia está referido a la neutralidad, Este planteamiento surge de los paradigmas neoclásicos, los cuales señalan que el mercado, si funciona en condiciones óptimas (es decir sin distorsiones), hace una asignación eficiente de los recursos productivos. De acuerdo con el FMI, los impuestos no deben obstaculizar innecesariamente el logro de objetivos económicos como la producción, el crecimiento y la estabilidad. Por el contrario, los impuestos pueden servir para facilitar el logro de esos objetivos Esa no obstaculización hace referencia a no interferir en el papel asignados que hace el mercado. Es decir, que la tributación no debe influir sobre la economía real y financiera.
Esta concepción se diferencia de los esquemas tributarios de América Latina durante la vigencia del Modelo de Sustitución de Importaciones. La tributación era un instrumento para el fortalecimiento del aparato productivo, a través de regímenes especiales que dieran tratamiento favorable a diferentes sectores, en especial los vinculados a la manufactura. Por ejemplo, las inversiones y las empresas nuevas estaban exentas de pagar impuesto de renta, para no hablar de los regímenes arancelarios proteccionistas.
Al vincular la eficiencia con la neutralidad del mercado, de entrada se concluye la necesidad de eliminar los impuestos al comercio exterior, y más particularmente los aranceles (impuestos a las importaciones), porque introducen una distorsión en el mercado de bienes al proteger la producción nacional de la competencia externa. En el caso de la tributación directa, también se concluye la necesidad de eliminar la progresividad, porque cuando se establecen impuestos progresivos se estimulan el ahorro y la inversión. Los impuestos progresivos gravan mas a quienes ahorran o invierten.
En el tema de la neutralidad también debe tenerse en cuenta la simplificación de los regímenes tributarios. Mientras que un régimen es más simple es más eficiente, pero en la medida en que por consideraciones de equidad sea necesario introducir excepciones, deducciones, regímenes especiales, el sistema se hace más complejo y se obtienen perdidas en eficiencia por las distorsiones que se introducen. De manera que la eficiencia también incluye la administración tributaria, en el sentido de que un sistema simplificado disminuye los costos del recaudo, evita la evasión y aumenta la productividad de los impuestos.

Principios de la Flexibilidad
Se recomienda que los impuestos, y en general los ingresos corrientes del Estado, no tengan una destinación específica, con el objeto de contar con una política fiscal flexible, y permitir que los gobiernos gocen de la libertad requerida para asignar los recursos donde son necesarios. Sin embargo, esta recomendación entra en contradicción con la existencia de las Rentas de Destinación Específica.
Dichas rentas se han creado para darle estabilidad a recursos dirigidos con determinados fines, en especial los recursos destinados a los sectores sociales y a la construcción y mantenimiento de la infraestructura vial. Ejemplos de lo anterior son los impuestos a la nómina, destinados al financiamiento de la seguridad social y la salud, o los impuestos a los combustibles que se destinan a los programas viales.
Su aparición se puede justificar también como río conjunto de mecanismos de determinados grupos sociales para obtener una renta del Estado. Tal es el caso de la clase política a través del régimen de transferencias regionales, el cual permite un manejo clientelas de los recursos públicos en el nivel local, o las transferencias para la educación que en muchos casos se asocia a las presiones de los sindicatos docentes.
La crítica a las rentas de destinación específica surge de la introducción de inflexibilidades al sistema presupuestal, lo que imposibilita la programación presupuestal en función de la programación macroeconómica. Cuando existe este tipo de rentas se presentan inflexibilidades en el recorte de los gastos, porque éstos se hallan atados a las rentas.
Un ajuste fiscal requiere por un lado un aumento de los ingresos corrientes, y por el otro un recorte de los gastos. Si estos últimos están atados a los primeros, el aumento de los ingresos automáticamente implica el incremento de los gastos, con lo cual se da al traste con el ajuste. Lo que se recupera por mi lado se pierde por el otro. Es el caso de las transferencias a los gobiernos locales, cuando están atadas a los ingresos corrientes.
Sin embargo, el argumento de la eliminación de las rentas de destinación específica no es contundente cuando se analiza el caso de la seguridad social o el financiamiento de la construcción y mantenimiento de vías. Resulta difícil pensar en la supervivencia de un sistema de seguridad social si se carece de los aportes laborales y patronales al sistema. Lo mismo sucede con la estabilidad de recursos para la construcción del sistema vial de un país.
El caso de la seguridad social es muy sintomático si se analiza en el contexto de las reformas generales que se están llevando a cabo: los recursos se trasladan a entidades financieras privadas, que son los fondos de pensiones. Si no existiese dicha renta de destinación específica, el capital financiero no tendría garantizados los aportes financieros para especular con el ahorro de los trabajadores.

Los referidos al comercio exterior, porque se convierten en obstáculo al intercambio internacional. Los referidos a los directos porque los países que los tienen muy altos

y progresivos no son atractivos para la inversión extranjera; es preciso competir para atraer dicha inversión y ello se hace ofreciendo regímenes tributarios más favorables que en otros países; no se puede aspirar a colocar un impuesto sobre la renta personal, las utilidades o el patrimonio, más altos que la norma mundial.

Finalmente, tampoco se deben crear impuestos a transacciones porque terminan por afectar el movimiento de capitales. Es por esto que el denominado impuesto Tobin, que consiste en gravar las transacciones financieras entre países, no es considerado como una alternativa tributaría viable, a pesar de que ha sido reclamado por diversos sectores sociales y políticos para ponerle coto a la especulación financiera internacional y para que los capitales financieros internacionales tributen. Es preciso señalar que a diferencia de los organismos financieros internacionales, sí ha sugerido gravar las transacciones financieras internacionales.
Principio de la certeza
La certeza es la norma tributaria es un principio muy antiguo preconizado por Adam SEIT en 176, al exponer las clásicas máximas sobre tributación. Establece el impuesto con certeza es obligar al legislador a que produzca leyes clorar en su enunciado, claras al señalar el objetivo de la imposición, el sujeto pasivo, el hecho imponible, el nacimiento de al obligación tributaria, la tasa, etc. Ej. De claridad y certeza, la ley Nº 7904 sobre impuesto a la renta derogada por el decreto supremo Nº 287-68-HC del 9 de agosto de 1968 la complejidad y desconcierto para el contribuyente, todas las disposiciones que se han venido dictando sobre el ex impuesto a lo bienes y servicios (ahora impuesto general a las ventas) copiándose el modelo del impuesto al valor agregado de otro país de concepción jurídica mas avanzada y con método de control tributario mas efectivos.

Principio de economía en la recaudación

Según este principio, la administración de un tributo debe ser estructurada y manejada de tal forma que permita que entre el monto de lo recaudado y el gasto para recaudarlo haya una suficiente cobertura que justifique la aplicación del tributo. Caso contrario, el tributo resulta absoluto, anti-económica e irracional.

La historia tributaria en nuestro país revela muchos casos de tributos pésimamente orientados en cuanto al costo del sistema de recaudación, a tal punto que muchas veces el importe bruto de lo recaudado no ha cubierto el costo total de la estructura burocrática creada para su cobranza, como ha sucedido con el impuesto sucesorio, el impuesto al rodaje, y otros tributos derogados en los últimos años.

El principio de la economía en la recaudación tienen antigua data y sus antecedentes mas remotos se encuentran en la doctrina económica clásica, que acoge hasta ahora las insuperables reglas o principios administrativos de la imposición formulados por Adam Smith .la cuata regla recomienda que todo impuesto debe establecerse de manera que sean lo mas reducido posible los gastos de cobranza de todo lo importante de los enunciados por el gran maestro fisiocrática los impuestos no se recaudan gratuitamente , explica Gabriel Franco y por esta razón se plantea como problema serio, el de comparar los resultados de la cobranza con los gastos ocasionan. Un impuesto en el cual los gastos de recaudación absorbiesen por completo el producto del gravamen habría que rechazarlo anti-económico, y lo mismo podemos decir de aquellos otros en que los dos factores no se contraponen en la proporción debida.

El proceso de las instituciones fiscales se refleja principalmente en esta norma, y así vemos como las administraciones de pueblos más cultos, así vemos como las administraciones de pueblo más culto han conseguido reducir de una manera tenaz y constante el coeficiente de gastos. La desproporción entre los dos conceptos revela, por el contraria una gestión desordenada y la urgencia de encontrarle un remedio por otra parte. El rigor de la ley de nada sirve cuando los impuestos son defectuosos, la administración incapaz o inmoral losa empleados.

En eses casos es preciso establecer antes ciertas reformas y corregir los defectos de las leyes o de la burocracia si se quieren conseguir resultados prácticos. No seria razonable implantar un impuesto progresivo si la población lo recibe con violencia a los órganos administrativos no se hallan a la altura de la empresa proyectada.

Principios de obligatoriedad

La obligatoriedad es inmanente a toda norma legal. La constitución acoge esta idea y la reproduce, elevándole a la categoría de principio rector de la tributación nacional. La ley tributaria es obligatoria para todos sin distinción de de ninguna clase. Pero, en la práctica, en la realidad de los hechos, la situación en nuestro país es otra.

Existe un alto índice de evasión tributaria a pesar de que las leyes en materia de impuestos tributarios por naturaleza de definición “en un país con e4levada proporción de evasión tributaria, no esta demás recordarlo en la constitución “. este principio de obligatoriedad comprende primeramente al estado, a los organismos administrativos encargados de la recaudación y control tributaria quienes no solo están obligados a velar por el cumplimiento de la ley tributaria, respecto a los contribuyentes conocidos que voluntariamente declaran y pagan sus tributos, sino a través de programas de ampliación de la base de contribuyentes, y agudizando y perfeccionando los métodos de fiscalización, para que no se siga diciendo que en el Perú pagan impuestos los ingenuos 5% y evaden los vivos 95%.

Principio de la uniformidad

En este principio se confunden en nuestra opinión, tres conceptos que se acogen con diversas constituciones, el principio de igualdad, que garantiza a todos los contribuyentes el mismo trato frente al mismo hecho imposible que marca a
El nacimiento del deber tributario, este debe cumplirse necesariamente, sin considerar distingos.
Algunos autores sostienen que las exoneraciones o exenciones de tributos constituyen atentados contra el principio de uniformidad y igualdad, generalidad o universalidad no es exacto. Son limitaciones que obedecen a razones técnicas, sociales, económicas y políticas que no necesariamente deben ser permanentes y que tampoco constituyen privilegiados, como sostienen otros autores equivocadamente. Todo beneficio tributario, incluso las excepciones tienen su fundamento en el principio de legalidad solo se puede conceder previa ley; así como el legislador tiene facultad para crear modificar y suprimir tributos, también tiene igual potestad para exonerarlos.

En cada caso concreto, la ley indicara el fundamento del beneficio; el tiempo de duración; los requisitos para gozarlo. Generalmente se trata de proporcionar o alentar la producción o alguna actividad económica en determinada circunscripción del país que se encuentra necesitada de aliento, por su escaso desarrollo.

CONCLUSION

Podemos decir después de un análisis exhaustivo de la información recopilada por diversas fuentes y textos bibliográficos para realizar la investigación del título sobre los Principios Tributarios y la estructura técnica del Impuesto al Valor Agregado, se concluye que toda ley debe estar sustentadas por bases legales para estar acorde con los principios tributarios y el Principio de Legalidad.
También se podría agregar que con respecto a la estructura técnica esta se basará en el tipo de contribuyente y en la labor que desempeñe el la cadena de comercialización, la cual según diversos autores lo analizaron
Entonces su normatividad en materia tributaria ha sido bastante frondosa en los últimos años. Su emisión ha sido inorgánica, signada más por necesidades del momento que por una política impositiva seria.
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) se convirtió en una institución que era empleada por el régimen anterior, para ejercer una presión sobre la ciudadanía, de manera selectiva y muchas veces como arma de chantaje.
Además, es necesario tener en cuenta, para efectos de la interpretación, la existencia de ciertos principios tributarios que la Constitución ha consagrado expresamente, en especial los contenidos en el artículo 74° de la norma legal antes precisada.

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