RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ESPACIOS MARÍTIMOS

GENERALIDADES

Las Convenciones de Ginebra, acordadas en 1958 y que no alcanzaron a ser obligatorias, distinguían tres espacios marítimos: el mar territorial, la zona contigua y el alta mar. En el mar territorial, adyacente al territo­rio nacional propiamente dicho, la soberanía del Estado es la misma que la vigente sobre el territorio y comprende también el suelo marino y su subsuelo. En la zona contigua, o sea en la faja marítima que sirve de transi­ción entre el mar territorial y el alta mar, el Estado cos­tero posee ciertos derechos restringidos, particularmente a los fines de la pesca y del control aduanero. En el alta mar, ningún Estado ejerce jurisdicción, salvo sobre las naves de su pabellón.

Numerosas declaraciones unilaterales de los Esta­dos y algunos convenios multilaterales, están creando la nueva costumbre jurídica, con tendencia a lograr un rea­juste claro de los espacios marítimos.

La regla de la bala de cañón fue enunciada hace si­glos por Bynkershock: “terrae postestas finitur ubi finitur armorum vis”. Pero, dado que el alcance de las armas y medios es cada día mayor, la anchura del mar territorial no puede determinarse por el alcance efectivo de los me­dios físicos de defensa. La Corte Internacional de Justi­cia, al resolver en 1951 el conflicto entre Gran Bretaña y Noruega sobre pesquerías, admitió que la delimita­ción de la anchura del mar territorial es un acto unila­teral, pero añadió que el Estado ribereño no puede va­riar válidamente la costumbre razonable. En la Tercera Conferencia Mundial, iniciada en 1974. se han hecho pa­tentes las divergencias sobre derecho del mar y los fon­dos marinos.

Las Aguas internacionales es la  delimitación espacial, identificada con el concepto jurídico de alta mar, en la que, según el Derecho internacional público, todos los estados tienen derecho a navegar, sobrevolar, pescar y realizar investigaciones científicas en libertad y sin ser molestadas por otra nación en tiempo de paz. En tiempo de guerra estos derechos están supeditados a los de los beligerantes, por ejemplo a investigar si un barco neutral transporta contrabando o realiza cualquier otro servicio parcial en favor de uno de los bandos contendientes, y rompe el bloqueo al enemigo.

MAR TERRITORIAL Y ALTA MAR

El alta mar es de uso libre. El principio de la libertad de los mares ha sido universalmente reconocido, en interés de las comunicaciones internacionales y por vir­tud de un derecho natural evidente. Se debe a Grocio, autor de “Mare Liberum”, la defensa que desde el siglo XVII se ha venido haciendo del derecho humano a la libre navegación.

Durante la edad media, la libertad de navegación en alta mar estaba limitada por las potencias marítimas que se arrogaban soberanía territorial sobre diversas áreas marítimas. Otras naciones también reclamaban derechos de este tipo, produciéndose constantes enfrentamientos, sobre todo durante los siglos XVI y XVII, por el gran desarrollo del comercio internacional y la pujanza de las políticas de descubrimiento, exploración y colonización de nuevos territorios.

Las bases legales para adquirir este tipo de derechos de soberanía territorial sobre alta mar fueron criticadas con gran severidad por el jurista holandés Hugo Grocio, considerado uno de los fundadores del Derecho internacional. Grocio, basándose en los principios del Derecho romano, defendía en su obra Mare Liberum (Mar libre, 1609) que los mares no podían ser objeto de propiedad por cuanto no pueden ser tomados en el mismo sentido en que se ocupan las tierras, y por ello los mares debían ser libres para todas las naciones y no estar sujetos a la potestad específica de ninguna de ellas. En el siglo XVIII, el jurista holandés Cornelius van Bynkershoek formuló el importante principio de Derecho internacional según el cual las aguas cercanas a las costas de un país, hasta donde alcanza su artillería de tierra, no se hallan incluidas en el concepto jurídico de alta mar y quedan bajo la soberanía territorial de ese país.

Este principio se difundió con rapidez y fue aceptado en gran parte del mundo. Se admitió como medida general la distancia de tres millas náuticas (5,5556 kilómetros/3,45 millas), pero este límite cayó en descrédito en el siglo XX, pues muchos países reclamaron ampliaciones de seis millas náuticas (11,112 kilómetros/6,91 millas) o incluso de 12 millas náuticas (22,224 kilómetros /13,82 millas).

A finales del siglo XVIII hubo diversos intentos de controlar la libre navegación en alta mar por parte de potencias marítimas como el Reino Unido, que en tiempo de guerra intentó impedir toda la actividad comercial de terceras naciones con sus enemigos. Un claro ejemplo es el bloqueo británico que se quiso imponer a los transportes de Europa occidental durante las Guerras Napoleónicas.

Otro ejemplo son las interferencias que desencadenaron los británicos respecto a la navegación de Estados Unidos en alta mar y que fue una de las causas directas de la Guerra Anglo-estadounidense de 1812. Del mismo modo el bloqueo del puerto de Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX, alternativamente por ingleses y franceses, se enmarcó en la lucha por los espacios marítimos y sus puertos y mercados.

Las controversias sobre los derechos que tienen los países neutrales y los beligerantes ocuparon un lugar relevante en los conflictos internacionales durante todo el siglo XIX y la primera década del XX. La Declaración de París de 1856, firmada durante la guerra de Crimea entre Gran Bretaña y Francia y años después aceptada por la mayoría de las potencias, supuso un incremento de libertad para los países neutrales. La Declaración de Londres de 1909 fue el resultado de una conferencia naval internacional celebrada para resolver diversas cuestiones que aparecieron en la II Conferencia de La Haya y aunque definía los derechos de los países neutrales, nunca fue ratificada.

Las necesidades de la guerra, la vigi­lancia de contrabandos, las precauciones en favor de los neutrales y las necesidades de defender la fauna marina, han impuesto restricciones a la libertad de los mares.

Llámese mar territorial a las aguas adyacentes a la costa de un territorio en una franja sobre la cual el Estado costero ejerce plena soberanía. Por Decreto de 1° de agosto de 1947, el Perú fijó en doscientas millas la anchura de su zona de soberanía marítima.

En cuanto a la soberanía del Estado sobre su mar territorial, se acepta universalmente que la soberanía nacional se extiende al mar adyacente al litoral y al suelo y subsuelo respectivo, con la limitación de permitir el tránsito inofensivo de las naves, fundada en el interés universal de la libertad de comercio y navegación.

En 1958, la Conferencia de Ginebra, convocada por Naciones Unidas, aprobó cuatro convenciones, rela­tivas al mar territorial y zona continua, al alta mar, a la pesca y conservación de los recursos vivos del mar y a la plataforma continental. No se logró fijar la anchura del mar territorial, pero se señaló doce millas, contadas a partir del litoral, como máximo para el conjunto del mar territorial y la zona contigua. Las Convenciones de Gi­nebra no han sido ratificadas en número bastante y ca­recen de vigor en el derecho internacional.

Hoy se viene admitiendo el derecho del Estado cos­tero a restringir unilateralmente la pesca más allá del mar territorial en una zona complementaria de carácter patrimonial, sobre la cual ejercerá jurisdicción a los efec­tos de preservar y reservar las riquezas naturales. La complejidad de los intereses en conflicto y la novedad de la tesis proteccionista hacen difícil por ahora, un acuer­do de vigencia universal, si bien existe un importante acuerdo regional en el Pacifico Sur. así corno el consen­so latinoamericano y la aceptación en otros continentes.

La práctica internacional, acorde con la opinión de los tratadistas, reconoce al Estado soberano del mar el derecho de ejercer los siguientes actos de jurisdicción dentro del mar territorial:

  • Inquirir por el objeto de la travesía;
  • Prohibir actos de beligerancia;
  • Prac­ticar control policial, aduanero y sanitario;
  • Clausurar la navegación o cobrar derechos que la gravan si es para su propia seguridad y facilitación.

El dominio sobre los puertos es absoluto para el Estado dueño del litoral. Las naves de guerra deben respetar las leyes locales y no go­zan sino de una estadía limitada, estando excluidas de la jurisdicción del Estado dueño del puerto. El Estado ri­bereño ejerce jurisdicción irrestricta sobre las naves mercantes extranjeras surtas en sus puertos. Dentro del mar territorial, el Estado puede excluir a los extranjeros del cabotaje y de toda actividad de pesca y caza, de la industria pesquera, así como de la explotación del suelo o subsuelo, y le corresponde conceder autorización para que se tiendan cables.

DESARROLLO DURANTE EL SIGLO XX  

         Durante la I Guerra Mundial, el uso de submarinos y de la aviación demostró el desfase del Derecho internacional respecto a la libertad de las aguas. En la práctica todos los tratados y leyes relativos a esta materia no se aplicaron cuando el Reino Unido se esforzaba por bloquear a Europa continental y por su parte Alemania intentaba aislar a los británicos del resto del mundo. Las injerencias de Alemania en el tráfico comercial entre los británicos y Estados Unidos aportaron una de las causas para que éstos se incorporaran en 1917 a la contienda en apoyo de los países aliados.

Durante la II Guerra Mundial, los derechos de los países neutrales fueron violados con mucha frecuencia por las potencias beligerantes, debido a la urgencia desesperada de ambos bandos de utilizar cualquier medio para conseguir la victoria y por el carácter global de la guerra. Más tarde, la Carta de las Naciones Unidas (1945) incluyó en su artículo 42 una disposición que otorgaba poderes al Consejo de Seguridad al objeto de instituir interrupciones totales o parciales en las comunicaciones por mar, incluyendo el bloqueo, cuando fuese necesario mantener o restablecer la paz y seguridad internacionales. La Conferencia de Derecho del mar de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra en 1958, definió los derechos de navegación y pesca en alta mar en tiempo de paz. En ella se establecieron artículos que definían la plataforma continental y fijaban el “paso inocente” para los barcos extranjeros a través de las aguas territoriales y los estrechos. El “paso inocente” se define como el tránsito marítimo que “no es perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad de los estados ribereños”. Además de la discusión sobre los límites del mar territorial, siguen existiendo diferencias sin resolver, incluso después de la II Conferencia de Derecho marítimo celebrada en 1960.

El constante desacuerdo sobre la extensión de las aguas territoriales ha supuesto nuevas amenazas a la libertad de los mares. En 1952, Ecuador, Chile y Perú ampliaron sus pretensiones hasta una distancia de 200 millas náuticas (370,4 kilómetros/230,3 millas) e incautaron a muchos barcos extranjeros que fueron descubiertos pescando sin su permiso. Otras naciones también comenzaron a extender más allá de las 12 millas náuticas el derecho a controlar los bancos de pesca, las capturas comerciales y los recursos naturales.

El incremento e intensidad de los conflictos internacionales derivados de estas acciones unilaterales y de otros conflictos marítimos como el derecho a explotar yacimientos de minerales hallados en los fondos marinos, hizo que las Naciones Unidas convocaran la III Conferencia del Derecho del mar en 1973. En 1977, mientras se desarrollaba la conferencia, Estados Unidos amplió su zona de pesca hasta las 200 millas náuticas, permitiendo faenar en este área sólo a las naciones que les concedían derechos recíprocos. Tras esta acción, muchas naciones extendieron también el límite de sus aguas territoriales hasta las 200 millas, estableciendo acuerdos con otros países a través de negociaciones directas. En esas zonas lo que no se restringió fue la navegación ordinaria.

Un tratado adoptado en la sesión de 1982 de la Conferencia del mar aprobó un límite territorial de 12 millas náuticas para todos los países costeros y una “zona económica exclusiva” de 200 millas que incluye el derecho a controlar la pesca, la protección del medio ambiente marino y la investigación científica. La Convención celebrada al respecto en 1982 delimitó todas las materias del Derecho de los océanos, incluyendo los derechos en alta mar y las reglas para gobernar los yacimientos minerales descubiertos en los fondos marinos fuera de las jurisdicciones nacionales.

PLATAFORMA CONTINENTAL

Es la superficie submarina suavemente inclinada (con un desnivel máximo de un grado) que se extiende por el borde de los continentes, desde la costa hasta el comienzo del talud continental, que se sitúa en torno a los 200 m de profundidad media y presenta una pendiente más acusada, aunque excepcionalmente puede superar los 300 metros. La plataforma continental tiene una anchura variable; así, por ejemplo, en Europa occidental está bien desarrollada, con unos 300 km, lo mismo que en el litoral argentino, donde alcanza los 560 km, mientras que en muchas áreas costeras del Pacífico oriental, sobre todo donde las cordilleras se extienden paralelas y contiguas al océano, la plataforma es mucho más estrecha o prácticamente inexistente, como ocurre en Chile. A veces, están atravesadas por cañones submarinos, valles en forma de V excavados en la plataforma y el talud continental.

Desde un punto de vista geológico, la plataforma continental constituye una prolongación del continente y comparte su misma estructura, aunque puede estar recubierta por depósitos glaciares o marinos recientes. A menudo son plataformas de abrasión sumergidas o superficies de erosión glaciar cubiertas por las aguas; de hecho, su origen se relaciona con la inundación del litoral por ascenso del nivel del mar, con los procesos de abrasión glaciar, con la acumulación de acarreo glaciar o till o con la formación de una terraza sedimentaria por la acción fluvial. Las plataformas continentales ocupan aproximadamente el 7,5% de los fondos oceánicos y constituyen unas importantes zonas pesqueras.

Las plataformas continentales tienen interés especial por los yacimientos Pe­troliferos y porque contiene determinada riqueza pes­quera en las aguas que la cubren, llamadas aguas epi­continentales.

Los sondeos ultrasónicos y las exploraciones submarinas han permitido reconocer; que la plataforma conti­nental es tan accidentada como los continentes emergidos, con los cuales guarda relación geológica. En su forma­ción han intervenido acciones tectónicas, así como las incidencias del oleaje y la aportación de sedimentos. Se estima que el total de las plataformas continentales representa el 7% de la superficie del globo. Frente a la costa oriental de América del Norte mide centenares de kilómetros. El mar Adriático y el mar del Norte son epicontinentales en su totalidad, por extenderse sobre la plataforma continental. El Atlántico, en la parte situada entre Argentina y las islas Malvinas, es epicontinental.

Con frecuencia, los Estados explotan el suelo y el subsuelo adyacente al litoral, por medio de sus naciona­les. La efectividad de la ocupación o del aprovechamien­to debe ser apreciada en relación con el grado en que sean posibles por la naturaleza de la región. Los recursos del suelo y subsuelo del mar interesan al Estado ribereño, que puede apropiarse de una parte por me­dio de túneles o minas que se extienden desde el litoral.

Desde luego, es inadmisible toda ocupación que pudiera obstaculizar la navegación en el alta mar. En la conven­ción de Ginebra de 1958 se ha proclamado que la plata­forma continental comprende el lecho del mar, así como el subsuelo. situado fuera de la zona del mar territorial hasta una profundidad de 200 metros. Puede abarcar más allá de dicho límite hasta donde la profundidad permita el aprovechamiento, pero el régimen de los fondos continúa cuestionado.