La Pena Limitativa de Derechos, concepto y naturaleza jurídica

 Naturaleza Jurídica

En Perú, nuestro Código penal tiene prevista a la pena de prestación de servicios a la comunidad, como una pena autónoma, en su artículo 34°., en tanto que los antecedentes de este artículo, se remontan al Código Penal brasileño de 1984.   Dicho artículo tuvo como exposición de motivos el siguiente texto: “los elevados gastos que demandan la construcción y sostenimiento de un centro penitenciario, obligan a imaginar nuevas formas de sanciones para los infractores que no amenacen significativamente la paz social y la seguridad colectiva”.

A esta ventaja de orden financiero, se agregan otras inherentes a su ejecución no carcelaria: manteniendo al condenado en el sistema social, (disminución de riesgos de pérdida de la socialización) utilidad de la prestación o actividad desarrolladas por el condenado (generación de beneficios sociales), disminución o neutralización de las condiciones generadoras del ilícito (prevención de acuerdo con la situación), concentración de esfuerzos en el tratamiento de los delincuentes llamados residuales (racionalización de  objetivos)[1].

Concepto de Penas Limitativas de Derechos

El magistrado y profesor universitario Víctor Prado Saldarriaga define a las medidas alternativas, sustitutivos penales o subrogados penales, como aquel conjunto de procedimientos y mecanismos normativos que tienen como función común la de eludir o limitar la aplicación o la ejecución de penas privativas de la libertad de corta o mediana duración, por lo que bien estima que se las puede considerar como instrumentos de despenalización y su sustento se encuentra en la experiencia criminológica que demuestra que las penas de encarcelamiento de corta duración resultan estigmatizadoras y negativas para el condenado y por tanto contraproducentes ya que además atentan contra el principio de humanidad de las penas, por lo que, en todos los sistemas jurídicos, se ha buscado reemplazarlas por estos mecanismos alternativos, uno de ellos es justamente el que es materia de nuestro estudio, como es el de prestación de servicios a la comunidad.

Cuando se habla de penas limitativas, se alude a las sanciones que afectan  derechos como el ejercicio profesional o de la participación en la vida política del país. En este sentido el prototipo de las penas limitativas de derechos es la inhabilitación[2].

Expone Peña Cabrera que contrastada en la realidad la ineficiencia de la pena privativa de libertad y con ellas los postulados resocializadores al extremo que la prisión solamente corrompe a los condenados en vez de reeducarlos, estas penas significan las medidas más adecuadas, de allí que en el derecho comparado se hable de (penas alternativas) para sustituir a las penas privativas de libertad de corta duración[3].

Las penas limitativas de derecho en nuestro código penal de 1991 son:

a) la prestación de servicios a la comunidad,

b) la limitación de días libres, y

c) la inhabilitación.

Para Peña Cabrera, no es correcto tratar a estas penas como limitativas de derechos, pues con excepción de la inhabilitación las otras sanciones son penas alternativas a la prisión y sería conveniente denominársele así. Estas sanciones se han creado para reducir el empleo excesivo de la pena privativa de libertad, la pena de prestación de servicios a la comunidad, sin duda es la demás difícil realización. La limitación de días libres ofrece la doble ventaja de acoger en un establecimiento adecuado al condenado y él a su vez se beneficie con las actividades educativas u orientadas a su rehabilitación[4].

Peña Cabrera manifestó a comienzos de 1997, que la inclusión de las penas limitativas, de derechos “prestación de servicios a la comunidad” ha constituido la innovación más fecunda del texto punitivo, no obstante que había sido deseable que esta afirmación fuera si quiera parcialmente correcta (excluida la inhabilitación como novedad que no fuera la innovación más fecunda pero si una innovación fecunda) lo cierto es que han pasado más de 10 (hoy 18 años) años de la puesta en vigencia de 1991, pero hasta el momento su aplicación en el país no ha reportado proporciones de alguna consideración, ni se ha podido implementar debidamente su ejecución, con el consiguiente perjuicio para el logro de las finalidades político criminales perseguidas con incorporación al catalogo punitivo patrio[5].


[1] Navarro Altaus, Martín. “El sistema de penas en el CP peruano de 1991” en Anuario de Derecho Penal. El sistema de penas del nuevo Código penal. José Hurtado Pozo (Director). Editorial Grijley, Lima, 1999, p. 88.

[2] Bustos Ramírez Manual de Derecho Penal: Parte General Ariel, Barcelona (1986). P.440.

[3] Peña Cabrera Raúl Tratado de Derecho Penal Parte General. Lima. Editorial San Marcos. 2000. P. 615.

[4] Peña Cabrera Ob Cit. P.615.

[5] Peña Cabrera Ob Cit. P.562.