Norma rectora y garantía constitucional

Norma rectora Garantía  constitucional
El principio de la norma rectora se propone como objeto de política criminal del Estado, la prevención general y especial de los delitos y faltas penales, que atentan y lesionan los bienes jurídicos protegido por la ley, mediante la amenaza de la pena o de las medidas de seguridad, que se proponen disuadir, conminar y contener como control social de la delincuencia y al contraventor de la ley penal.[1]
EL IMPERIO DE LA LEY. Determina la intervención del Estado en la esfera penal, tanto para tipificar los delitos y faltas penales, como para precisar y determinar las penas o medidas de seguridad que deben imponerse, dentro del marco de la Constitución (Art. 51), que prevalece sobre toda norma legal, en las diversas jerarquías del Orden Jurídico de Estado y de las Normas Internacionales de Derechos Humanos, que forman parte del Derecho Nacional.
PRINCIPIO DE RESERVA. Se Postula de conformidad con el Art. 2, párrafo 24, apartado a) de la Constitución del Estado, que: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”.
Es un proceso instituido por la misma Constitución de un Estado cuya finalidad es defender la efectiva vigencia de los derechos fundamentales que este texto reconoce o protege, haciendo efectiva la estructura jerárquica normativa establecida. En la doctrina constitucional actual tiende a utilizarse la expresión Proceso Constitucional.
Jurisdicción Constitucional de la Libertad: formada por los procesos constitucionales cuya finalidad es la protección de los derechos fundamentales de las personas o “libertades”. Entre estas garantías se encuentran el Hábeas Corpus, la Acción de Amparo, el Hábeas data y la Acción de Cumplimiento.
Jurisdicción Constitucional Orgánica: formada por los procesos constitucionales cuya finalidad es la protección de la estructura jerárquica normativa establecida. Entre estos procesos se encuentran la Acción de Inconstitucionalidad, la Acción Popular, y la Acción Conflicto de Competencias.
Jurisdicción Constitucional Internacional: formada por los mecanismos internacionales que protegen los derechos humanos.

[1] Abg. ROLIN SÁNCHEZ TELLO. DOCENTE A TIEMPO COMPLETO DE LA USS.. PRESENTACIÓN DE ARTÍCULO JURÍDICO 2008 – I