El Derecho de Presunción de la Inocencia

José Antonio Neyra Flores (2010) Nos indica que dicha materia se encuentra prevista en el apartado “e” del inc. 24 del artículo 2 de la Constitución vigente.

En nuestro país su regulación constitucional se inicia con el texto de 1,828, de manera concordante y con sujeción a lo establecido en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, el derecho objeto de comentario se encuentra contemplado en el artículo n° 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos el artículo XXVI de la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo N° 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Desde una perspectiva histórica su génesis se remonta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Francia 1789), Los convencionalistas franceses incorporaron este derecho en atención a la experiencia prerrevolucionaria de un sistema judicial prejuicioso y cruel. Su inserción apuntaba a lo siguiente:

  1. Asegurar el reconocimiento a favor del imputado de la comisión de un ilícito, de la mantención de su condición de persona.
  2. Establecer que la carga de la prueba otorgada a cargo del propio procesado, quedase bajo la responsabilidad del ente acusador.

La presunción de inocencia plantea la responsabilidad de correlación y actuación a la que se encuentran sometidas las autoridades estatales, los medios de comunicación masiva y la ciudadanía, de considerar y tratar como inocente a una persona, en tanto no se dicte contra ella una sentencia condenatoria firme, dentro de un proceso sustentado con las garantías debidas.

La presunción de la inocencia es aplicable a todo acto de poder público, sea judicial, administrativo y político mediante el cual se persigue castigar una conducta, en consecuencia sus efectos alcanzan a los diversos tipos de procesos o procedimientos que pudieran concluir en decisiones sancionatorias.

De dicho Derecho se establecen las consideraciones siguientes:

  1. Deducción a priori y con cargo a demostración, de la no responsabilidad del imputado por la comisión de un ilícito o falta.
  2. Obligación de la probanza de la imputación a cargo de la prueba incriminatoria, por parte del acusador.
  3. Derecho del imputado ó no ser objeto de comentarios, formulados por las autoridades juzgantes, acerca de los anticipos del resultado del proceso.
  4. Derecho del imputado a la aplicación del principio indubio pro-reo (la duda favorece al reo). En caso que la imputación no se encuentre respaldada por la certeza de culpabilidad.

Presunción de la Inocencia.- Esencial al ser humano, acompañaal ciudadano involucrado en una investigación durante toda la actuación, desde la fase preliminar hasta la sentencia. Este principio exige que el ente acusador cuente con los suficientes elementos materiales de prueba que soporten la existencia de una sospecha inicial seria, para la iniciación de la indagación previa. En al ámbito procesal exige prueba más allá de toda duda, para desvirtuarla.

Principio de no Autoincriminación.- Debe ser informado el ciudadano desde la indagación y en especial, al momento de la captura, para que decida si hace uso de él ó renuncia a este privilegio y colabora con la administración de justicia, acto que se hará con las formalidades que para ello exige la Ley, como es el estar asistido de un defensor de confianza ó por uno del Sistema Nacional de la Defensoría Pública. [1]

El Derecho a que se declare invalidez de las declaraciones obtenidas por la violencia

Dicha facultad se encuentra presente en el apartado h), del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución vigente,  en nuestro País su regulación Constitucional se inicia con el texto de 1979.

De manera concordante y con sujeción a lo establecido en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, también lo encontramos en el artículo N° 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Este derecho apunta a enervar valor jurídico a aquellas declaraciones obtenidas mediante cualquier forma de agresión, el funcionario estatal que emplee la violencia injustificada sobre un ciudadano incurre en la comisión de ilícito justificable penalmente.


[1] José Antonio Neyra Flores (2010) Manual del Nuevo Proceso Penal. & De Litigación Oral. Edit. Idemsa.