El Ministerio Público.

Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre (2011) [1] nos indica que la institución del Ministerio Fiscal, ahora normativamente denominado Ministerio Público, obedece fundamentalmente a la vigencia del principio acusatorio en el Proceso Penal, el Ministerio Público, es una institución especial que colabora con los fines de la administración de justicia, siendo relevante la misión que le concierne como es la de procurar que se cumplan las normas legales que afectan a los intereses generales, según Del Valle Randich (2004) en el derecho Procesal Penal la figura del Ministerio Público, tiene una importancia tal, que no puede ser igualada en ningún otro procedimiento y su participación es de tal magnitud que constituye una institución imprescindible con caracteres propios, el Ministerio Público puede ser considerado como una Magistratura “Latu Sensu”, siempre que no se identifique este término con órgano jurisdiccional.[2]

Según afirma Alcalá  Zamora (2001)[3]  Vale precisar que en la actualidad el Perú vive una reforma de modelo procesal del sistema mixto según lo normado en el Código de Procedimientos Penales (C.de.P.P). Hacia un modelo acusatorio formal de inclinación adversarial de acuerdo a la proyección normativa contenida en el Decreto Legislativo N° 957, (Nuevo Sistema Procesal Penal), que tiene como figura al Fiscal, pues adquiere en mayor medida atribuciones que si bien la Constitución le reconocía  no fueron objeto de desarrollo legal en el marco del ordenamiento procesal , de tal manera que la adaptación normativa del Nuevo Código Procesal Penal, se adscribe perfectamente a las previsiones constitucionales sobre la materia, dicho de otro modo la adscripción y entendimiento conceptual del modelo Acusatorio-Garantista, tiene que ver fundamentalmente con las nuevas tareas que asume el Fiscal en el ámbito de la Investigación Penal; labores que debe dar concreción de común idea con los principios de imparcialidad, objetividad e independencia a pesar de los reparos que puedan darse por estos últimos.

Al respecto Maier (2011), escribe que el presupuesto lógico de la existencia de órganos estatales encargados de la persecución  Penal , es precisamente el nacimiento de aquello que concebimos, culturalmente, como el Derecho Penal y sus institutos característicos, la pena estatal y la persecución Penal pública[4], para Moreno Catena (2010), las partes acusadoras son aquellas que en el proceso ocupan una posición activa, es decir quienes intervienen en él, durante las distintas fases en que el Proceso Penal se desarrolla para lograr una sentencia condenatoria.[5]


[1] Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre. Abril del 2011.  Manual de Derecho Procesal Penal, con arreglo al Nuevo Proceso Penal.

[2] Del Valle Randich (2004) La Reforma del Proceso Penal Peruano. Primera Edición. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima – Perú

[3] Alcalá  Zamora (2001). Cuestiones de terminología procesal. Instituto de Investigaciones Políticas. México

[4] Manual de Derecho Procesal Penal, con arreglo al Nuevo Proceso Penal  / Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre. Abril del 2011.

[5] Víctor Moreno Catena (2010). Derecho procesal civil: parte general. Tirant lo Blanch, Valencia.