DEMOCRACIA

DEMOCRACIA

CONCEPTO

La Democracia (del griego, demos, ‘pueblo’ y kratein, ‘gobernar’), es el sistema político por el que el pueblo de un Estado ejerce su soberanía mediante cualquier forma de gobierno que haya decidido establecer. En las democracias modernas, la autoridad suprema la ejercen en su mayor parte los representantes elegidos por sufragio popular en reconocimiento de la soberanía nacional.

Dichos representantes pueden ser sustituidos por el electorado de acuerdo con los procedimientos legales de destitución y referéndum y son, al menos en principio, responsables de su gestión de los asuntos públicos ante el electorado. En muchos sistemas democráticos, éste elige tanto al jefe del poder ejecutivo como al cuerpo responsable del legislativo. En las monarquías constitucionales típicas, como puede ser el caso de Gran Bretaña, España y Noruega, sólo se eligen a los parlamentarios, de cuyas filas saldrá el primer ministro, quien a su vez nombrará un gabinete.

La esencia del sistema democrático supone, pues, la participación de la población en el nombramiento de representantes para el ejercicio de los poderes ejecutivo y legislativo del Estado, independientemente de que éste se rija por un régimen monárquico o republicano.

Según Aristóteles la mejor de las formas puras de gobierno es la Democracia o Politeia, que mira con mayor perfección al bien de la comunidad. [1]

REFLEXIONES POLÍTICAS SOBRE LA DEMOCRACIA ATENIENSE

Sin duda todos sabemos que los antiguos griegos han tenido una influencia determinante en el pensamiento político occidental. Quizás la más importante de estas influencias fuera la llamada “democracia ateniense”. Habría que resaltar que este tipo de democracia no tiene nada que ver con las democracias liberales o socialistas.

Pero es realmente increíble que hace 2.500 años se llegara a ese nivel de participación en la vida política, y más si pensamos que tardaría más de 2.300 años en aparecer un sistema político que igualara ese grado de intervención del pueblo llano. No nos detendremos en las razones y procesos históricos que llevaron a esta fórmula política, simplemente veremos que conceptos, valores e ideas llevaron a esta forma tan peculiar de gobierno.

El pensamiento político griego

Existen dos características propias del pensamiento griego que les diferenciaban del resto de las civilizaciones del momento:

a)       La Ciudad

La vida política de los griegos está enteramente condicionada por la existencia y forma de entender la Ciudad, la Polis. No hay para los griegos otra civilización que la Ciudad, es un don divino y lo que les diferencia de los bárbaros, organizados en tribus. La Polis es una unidad política con una organización social unitaria, con un territorio limitado que puede comprender a otras ciudades cercanas, y siempre a la extensión de campo de la que dependen para su sustento.

Habrá bastantes diferencias en la forma de gobierno de estas ciudades independientes, pero ante todo un griego se considera ciudadano de su Polis, la Ciudad es lo primero, y el hombre es, sobre todo, lo que su papel cívico le impone. Todo ciudadano estará integrado en los órganos administrativos de la Ciudad, y toda su actividad estará relacionada con el engrandecimiento de su entorno. Por primera vez las ciudades se embellecen y se construyen grandes obras civiles, ya no sólo para representar el poder de un rey o poderoso sino por el simple hecho de mejorar la Polis para el regocijo de sus ciudadanos.

Es inevitable comentar la gran contradicción en este concepto de ciudadanía. Los ciudadanos son iguales entre sí pero existe una dos grandes excepciones: los esclavos y las mujeres. En todas las civilizaciones antiguas hubo algún grado de esclavitud, pero es curioso ver como hasta los más grandes pensadores lo consideraron como un dato natural. El problema de la esclavitud nunca fue puesto en duda, incluso entre las escuelas filosóficas más abiertas. Aun proclamando la igualdad moral de los hombres, no intentaron nunca tratar este problema en el plano político, ni con los esclavos ni con las mujeres.

b)      La noción de Ley

Hacía el siglo VII a.C. la mayor parte de la Polis todavía conservan regímenes derivados de sistemas oligárquicos mezclados con supervivencias monárquicas. Todo esto entra en crisis ante la pérdida de poder de las antiguas aristocracias terratenientes, frente a una proto-burguesía urbana, artesanal o comerciante, apoyada por su clientela trabajadora; en su mayoría campesinos arruinados por el reparto de tierras.

Habría que destacar también la llamada “revolución de los Hoplitas”, éstos solían ser ciudadanos demasiado pobres para tener caballo, eran la infantería del ejército de las Polis. En contraposición a éstos estaban los aristócratas que formaban la caballería.

Cuando las luchas y guerras se hicieron bastante frecuentes, los hoplitas y su “Falange” se convirtieron en la forma de guerrear más efectiva, y así al hacerse imprescindibles para la defensa de la Ciudad, adquirieron una forma de presión y de reivindicación de sus intereses políticos.

Estas facciones en lucha recurrirán, bien al compromiso de una legislación escrita o bien al arbitraje autoritario de un “Tirano”, y habitualmente a ambos procedimientos. Cabe aclarar que el significado de tirano no es más que el de autoridad, término que actualmente tiene un sentido más peyorativo.

En esta época de crisis, tanto los políticos como los filósofos coinciden en la necesidad de establecer un orden jurídico y social. Por una parte, imponer una legislación común a todos los ciudadanos, y por otra, establecer una especie de equilibrio entre esas clases sociales mediante una distribución más equitativa de las cargas cívicas y responsabilidades políticas.

Ésta será la esencia de las obras de dos de los padres de la democracia ateniense: Dracón y Solón. Las tiranías tendrán a menudo por objeto hacer prevalecer este compromiso contra las oposiciones partidistas, mediante la autoridad de uno solo.

No todos los pensadores tenían una misma idea del orden, pero todos vieron que esto reforzaba el poder de la Ciudad ante la decisiva prueba de fuego de las Guerras Médicas (490-479) contra los Persas.

La ley representa el orden griego frente al personalismo persa, el griego se enorgullece de someterse a un orden, no a un hombre. Como muestra de esta devoción por el orden de la ley, tenemos el ejemplo de Sócrates, mártir de esta devoción, que prefiere morir antes que transgredir, huyendo, las leyes de su Polis.

La Atenas democrática

Después de la guerra contra los persas el pensamiento conoce un gran desarrollo, condicionado en gran parte por las transformaciones económicas y sociales que se dan, sobre todo, en Atenas. Esta ciudad, en plena expansión económica y militar, domina el movimiento de ideas, bien por pensadores propios o por extranjeros atraídos por el ambiente culto y librepensador.

Es de destacar como oposición a este modelo el caso de Esparta, símbolo del conservadurismo y de inmovilización de sus estructuras sociales y económicas; no tendrá durante siglos ninguna participación en la elaboración de las ideas políticas.

Entre todos lo sabios que aportaron su granito de arena en la formación de la democracia ateniense, habría que destacar al movimiento Sofístico (Protágoras, Hipias, etc…), preocupados por la física y la metafísica pero en un plano más humanista, con miras políticas, morales y sociales. Esto dio una gran formación a los nuevos “políticos” de las ciudades, que crearon la “ciencia política”.

Esta influencia se tradujo en lo que fueron las características que definen este sistema: democracia, igualdad, libertad y ley.

Como democracia; se designa al estado político que se dio Atenas durante el siglo V a.C. Sin embargo su significado habría que entenderlo como contraposición al gobierno de la “monarquía-tiranía” y la “oligarquía” más que su propio significado: gobierno del pueblo. Además recibió diferentes nombres según la época. Destacaron como “constitucionalistas” los grandes sabios y políticos Solón, Clístenes, Pericles y Cleón, que fueron reformando esta forma de gobierno hasta límites de participación nunca conocidos.

La soberanía reside por partes iguales en el conjunto del cuerpo cívico, es decir, de cada ciudadano, el cual está obligado a ejercer esa función, bien para mandar, bien para obedecer. Ser ciudadano es una función por sí misma.

Esta soberanía es representada por la Asamblea, la cual es omnipotente y no tiene límites. El poder judicial es elegido por ésta. En el poder ejecutivo la rotación de los magistrados y el ostracismo (exilio forzoso) hace que cualquier personalidad que cobre demasiada importancia, y por ende influencia, sea desterrada de la ciudad.

La preocupación esencial es defender el régimen de la influencia de un particular o partido. Así la elección de los magistrados se realizaba a suerte; creían los demócratas que era la mejor forma de mantener una auténtica igualdad de posibilidades, impidiendo así también las intrigas y partidismos dentro de la Asamblea, la cual deja claro que la soberanía recae nada más que en el pueblo y no se delega jamás.

Uno de las pocas magistraturas sometidas a elección era el Strategos (Comandante militar), era el único cargo en el que se valoraba la personalidad y el programa político del sujeto que se presentaba. Aunque fue un puesto de gran éxito, los pensadores atenienses nunca demostraron gran afición por el proceso electivo, de hecho a los defensores de este método se les tachó de “aristócratas”, pues este sistema llevaría a que el poder llegara a una élite.

a)       La Igualdad

Para los atenienses el concepto de Democracia estaba más cercano a este término que al que actualmente entendemos como gobierno de la mayoría. De hecho no solían referirse a su forma de gobierno como Democracia sino que habitualmente hablaban de la Isocracia, es decir Igualdad política. El estado democrático es aquél donde la ley es la misma para todos, Isonomia. Hay que recalcar que este simple concepto fue auténticamente un pensamiento revolucionario para la época.

Esto fue aceptado tanto por las clases populares como por la aristocracia, así los primeros evitaban una reacción oligárquica que les apartara de las asambleas, mientras que los segundos aceptaron para evitar el gobierno de un tirano, que les anularía políticamente.

Aunque el gobierno de la Asamblea adoptó algunas medidas de carácter social, en realidad ningún político formuló una doctrina o política de igualdad social. Esto ayudó a que los desequilibrios sociales fueran la lacra de las Polis, a pesar de que las clases pobres tuvieran derechos políticos.

Esto en parte fue así porque estaba más o menos asumido que el ciudadano más favorecido económicamente debía más a la Ciudad, así se obliga a los ricos a realizar sus pagos según su riqueza, mientras que a los pobres se les pide que, aunque no den nada a las arcas públicas, no utilicen el dinero de la ciudad para su sustento. El bien común era la Polis, no el individuo o una clase social.

b)      La libertad

Este es el concepto al que más importancia dieron los atenienses, no cesaron de examinar y estudiar esta noción que, sin duda, era la que más valoraban. Es también el concepto que quizás más haya influido en nuestra concepción moderna del término.

Los atenienses fueron conquistando libertades, tanto civiles (respecto a la esclavitud por deudas) como jurídicas, adquirieron algo parecido al hábeas corpus (derecho del detenido a saber quién y porqué es acusado). Pero a lo que más importancia dieron fue a la libertad política, a la que definían principalmente como el derecho de obedecer sólo a la ley, pero obedeciendo dentro de la igualdad.

Este concepto-valor de la Libertad tenía para los atenienses un aspecto doble. Por un lado es independencia respecto a personas o grupos, por otro es obediencia a las leyes.

Atenas siempre fue por delante e intentaron determinar el equilibrio entre orden y libertad. Pericles, magistrado en la época de máximo esplendor, definió la Libertad así: “No tomando mal al prójimo, que obre según su gusto”, más o menos como el “vive y deja vivir”, pero dentro de un orden. Es precisamente el concepto de libertad el único en el que los griegos dieron rienda suelta al individualismo (libertad individual), frente al bien común de la Ciudad. Fuera de las leyes, que rigen la ciudad por el bien de todos, el hombre es libre para dirigir su vida como quiera.

Como hemos visto, los atenienses se dieron a sí mismos una forma de organizarse que no sólo les dio una hegemonía política y cultural en todo el Hélade, sino que su investigación en los conceptos y valores que adquirieron, tuvieron una influencia decisiva en el posterior pensamiento europeo moderno. No podía dejar pasar la oportunidad de destacar la labor del historiador Herodoto, contemporáneo de la época de máximo esplendor de Atenas, y por el cual, hoy tenemos un conocimiento bastante completo de estos años de pensamiento tan fructífero para la humanidad.

 

EN QUE SE FUNDAMENTA LA DEMOCRACIA

         La democracia se funda en el predominio de la mayoría, pero respetando el derecho de la oposición. Persigue la libertad y la justicia como valores centrales. La persona humana se halla subordinada al Estado, pero este debe respetar su autonomía y su dignidad. La tiranía de un partido, de una categoría social o de un grupo, constituye la negación del orden civil.

Como quiera que Rousseau sostenía el predominio de un yo común, o sea, como observa Maritain, de una voluntad general que descalifica toda otra voluntad, resulta que dicho “yo común”, es mas yo que yo mismo, puesto que, según Rousseau, la persona que sostiene un parecer opuesto a la voluntad general se equivoca en lo que quiere.

Así, “a quien rehusé obedecer la voluntad general se le obligara a ello por todo el cuerpo social, lo cual no significara otra cosa que obligarle a ser libre”. Es patente la aberración de la doctrina pactista, al sostener que quien obedece contra su parecer se obedece a si mismo.

En realidad, obedece al compuesto social o al régimen imperante. Lo que Rousseau podría haber afirmado es que quien participa en la designación de los gobernantes y por ello en la formulación de la orden contraria a su parecer, obedece porque se han seguido las “reglas de juego”, en lo cual tuvo participación. A menor participación en la vida cívica, la fuerza represiva se hace más odiosa.

         Lo cierto es que la democracia entraña cierto relativismo axiológico, o sea que no hay verdades absolutas en materia política, ya que la opinión tenida por valida es la de la mayoría. Al cambiar esta, o sea si una tendencia política distinta desplaza la mayoría de un sector a otro, este ultimo tiene el derecho de dictar normas. [2]

Así admitido, la homogeneidad del cuerpo social no se rompe, pues el credo valido cambia cuando otra corriente alcanza la mayoría, siendo posible que un nuevo cambio altere mas tarde el credo reciente. Radbruch expreso acertadamente esta naturaleza de la democracia, explicándola en su “Filosofía del Derecho” del siguiente modo: “El relativismo es el supuesto ideológico de la democracia; esta se pone a identificarse con una determinada concepción política y esta siempre dispuesta a permitir la dirección del Estado a toda concepción que sepa ganarse la mayoría, y porque no conoce un criterio univoco con el cual juzgar del acierto de las concepciones políticas, no acepta la posibilidad de una situación que este por encima de los partidos.

El relativismo, con su doctrina de que ninguna ideología es demostrable ni refutable, es muy apropiado para contrarrestar en las luchas políticas la tendencia a creernos poseedores úni­cos de la justicia y a ver en el enemigo sólo tontería o maldad”.

Evidentemente, el relativismo es una forma cortés del escepticismo, como observa Sánchez Agesta. La de­mocracia moderna que ha rectificado el voluntarismo po­pular de Rousseau, reposa en el convencimiento de que la voluntad de la mayoría es, probablemente, más acerta­da, pero no la única acertada. La verdad no es patrimo­nio exclusivo de la mayoría; y la propia mayoría, al acep­tar la posibilidad de ser desplazada legalmente, está ad­mitiendo que otra tesis más acertada logre imponerse.

De ahí que la esencia de toda democracia radica en la posible alternancia en el poder y quien cierre el camino legal de acceso al gobierno a otra tendencia está mistifi­cando la democracia.

La doctrina del control del poder adquiere su ma­yor vigencia en el Estado de Derecho, pues éste reposa sobre los principios del derecho natural. El Estado mo­derno, que nació absolutista con la secularización del po­der en los siglos XVI y XVII, retornó al pluralismo al admitir que se funda en el derecho y en la justicia. En la auténtica democracia, la voluntad del Estado es forma­da con participación de los mismos que se hallan some­tidos a ella.

El Estado resulta obedeciendo a la comuni­dad, en la medida que ésta decide la clase de gobierno y el rumbo general de la política. Tal concepción fue ex­presada, de modo simplista pero efectivo, por Lincoln, quien definió la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, entendiendo por pueblo toda la nación y no sólo uno de los estratos sociales. Nin­gún gobierno es admisible si no cuenta con el asentimiento popular, ya que, por mucha que sea su superio­ridad, ningún hombre puede imponerle obediencia a los demás sin que medie el consentimiento de ellos.

El poder de decisión de la mayoría no excluye considerar la idoneidad moral e intelectual como requisito para el mando. La raíz humana del mando político está en la razón y no en la voluntad; y como quiera que la razón no crea su orden sino que lo descubre como un orden trascendente y objetivo, el poder ha de ser ejercido por quienes mejor aseguren el bien común. La voluntad popular es la forma histórica actual de descubrir quiénes representan el bien común, pero la autoridad de que goza el poder proviene de una necesidad social, del orden natural.

La democracia es la menos imperfecta de las formas de gobier­no y la única compatible con la dignidad y la autonomía del hombre; supone un principio de racionalidad y no el mero voluntarismo político de los más.

Las notas de una personalidad democrática, según Aristóteles, consisten en saber gobernar como un hom­bre libre y obedecer como un hombre libre. Democracia es un estilo de vida y no sólo una forma de gobierno ba­sada en el poder del pueblo. Por ello, la democracia flo­rece allí en donde el clima cultural no se halla dominado por un valor único.

En el mundo occidental, la pauta de equilibrio entre los valores cardinales quedó establecida durante el Renacimiento. El valor religioso, el valor es­tético, el valor económico, el valor científico, son de gran importancia.

Pero los valores integradores son el político y el moral, que contiene el valor justicia social. Una sociedad pluralista asegura la realización independiente de cada hombre y de todo el hombre. Mc Iver anota que democracia es algo más que el gobierno de la mayoría; es el gobierno de la comunidad, integrada por mayoría y minorías.

No es opuesta a la aristocracia del espíritu, sino un procedimiento para la selección de los grupos go­bernantes. Un régimen tal exige la existencia de garan­tías constitucionales; principalmente la libertad de ex­presión y los medios de información.

CLASES DE DEMOCRACIA

Democracia Militar

Forma primitiva de la organización política de la sociedad en el periodo en el que el régimen gentilicio se desmorona y se forma el estado. El término fue introducido por Morgan. Existió la democracia militar en la antigua Grecia de la época homérica (siglos XII-IX a.n.e.) y en la Roma del periodo denominado de la monarquía (siglos VIII-VI a.n.e.), existió en los pueblos escitas, celtas, entre los antiguos germanos y normandos. La democracia militar se caracteriza por una concentración cada vez mayor del poder en manos de los cabecillas; jefes militares y sacerdotes, por una transformación gradual de aquel en institución hereditaria.

Las guerras se convierten en ocupación permanente que tiene como objetivo el saqueo; se organiza la mesnada, que posee varios privilegios. De este modo, los órganos del régimen gentilicio “de instrumentos de la voluntad popular, se convierten en órganos independientes de dominio y opresión dirigidos contra el propio pueblo”

Democracia Popular

Es una  de las formas de la dictadura del proletariado, en ella se refleja la peculiaridad del desarrollo de la revolución socialista en circunstancias en que el imperialismo se debilita y la correlación de fuerzas se modifica a favor del socialismo. En ella han encontrado asimismo su reflejo las particularidades históricas y nacionales de diversos países. La democracia  popular ha surgido en el curso de la revolución democrática popular en varios países de Europa Oriental y Asia. Esas revoluciones han resuelto las contradicciones existentes entre los imperialistas extranjeros, la gran burguesía interior y los terratenientes, por una parte, y una amplia coalición de las clases restantes por otra parte; se han llevado a cabo bajo la dirección del proletariado y de su vanguardia el Partido Comunista.

El éxito en el desarrollo de las revoluciones democráticas y populares ha llevado a la creación de la democracia popular en los países de Europa Oriental  y en algunos de Asia. A medida que la revolución se hacia mas profunda, invadía cada vez en mayor escala a la economía capitalista (nacionalización) a la vez que se reducía la influencia política de la burguesía.

Para el avance de las revoluciones democráticas y populares han sido de gran importancia las reformas agrarias, con que se ha puesto fin a las supervivencias de tipo feudal y se ha consolidado la alianza entre el proletariado y los campesinos trabajadores.

La realización de hondas transformaciones democráticas ha hecho posible que tales revoluciones se convirtieran en socialistas. En consecuencia, la democracia popular, que aparece en un principio como dictadura democrática del pueblo, ha empezado a cumplir las funciones de dictadura del proletariado.

Este decurso general de la revolución ha presentado sus particularidades concretas en los diversos países. La forma de democracia popular esta condicionada por el amplio sostén de clase de la revolución democrática popular (no solo la apoyan el proletariado y los campesinos, sino, además, determinadas capas de la burguesía), por el carácter pacifico con que dicha revolución se transforma en socialista, lo cual ha permitido utilizar algunas viejas formas de representación (parlamento).

Son rasgos característicos de la democracia popular la existencia de un sistema de varios partidos (excepto en algunos países de Europa);  aparte de los partidos comunistas, hay otros partidos democráticos que mantienen posiciones socialistas y reconocen el papel dirigente de la clase obrera; la existencia de un tipo de frente popular  que une a los partidos y a las organizaciones de masas.

Las otras particularidades del periodo en que se forma la democracia popular estriban en la ausencia de limitaciones a los derechos políticos, en la mayor duración del plazo para acabar con el viejo aparato estatal, etc. La experiencia histórica ha demostrado que la democracia popular constituye un instrumento poderoso para la edificación del socialismo. Actualmente “en los países de democracia popular predominan las relaciones socialistas de producción, se han liquidado las posibilidades sociales y económicas de restauración del capitalismo.   

EL SISTEMA DE DEMOCRACIA QUE CONSIDERA NUESTRA CONSTITUCIÓN

No hay otras normas que regulen, a nivel de principios generales, la organización del sistema democrático. Por lo tanto y, resumiendo, podemos señalar que el sistema de democracia  que considera nuestra constitución es el siguiente:

Las personas adquieren el derecho de participar en política a los 18 años de edad pero prácticamente, el ejercicio de los derechos políticos consistirá en libre inscripción en partidos políticos y en votar cada cinco años.

Por su parte los partidos políticos tienen como tarea principal viabilizar esta participación  electoral, aun cuando en lo declarativo se les considera como instrumentos para la participación, política de la ciudadanía.

Hay el derecho de insurgir (es decir, de rebelarse) contra quien usurpa el poder establecido. Sin embargo, la expresión “orden constitucional” alude a todo el sistema político y a principios de ordenamiento social y económico también contenidos en la constitución. En este sentido, la insurgencia podría darse contra una autoridad elegida constitucionalmente. Pero que en sus actos de gobierno ha desconocido “el orden constitucional”.

El poder emana del pueblo, pero se ejerce por representantes. Solo cabria una excepción que es la declaración del art. 64 en el sentido de que todos pueden participar “directamente” en los asuntos públicos pero, en verdad, ninguna norma prevé un sistema de participación directa que no sea “lecciones”, es decir, nombrar representantes. Por lo tanto, nuestro sistema democrático es esencialmente representativo.

Así establecido, este sistema cuenta con numerosas restricciones para la participación política del pueblo.

En primer lugar, da el derecho a inscribirse y tener vida activa en los partidos políticos, pero ello no es garantía de que los afiliados puedan influir en sus decisiones.

DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN

La Democracia debería ser gobierno de todo el pueblo. Pero, tal como observaba Rousseau, es imposible reali­zarla de modo directo y pleno. No podría existir nunca en su acepción pura, pues “es imposible imaginar a un pueblo constantemente reunido para atender los asuntos públicos”. Podemos argüir que, si bien el pueblo no administra porque tal función supone ejercicio continúo de la autoridad, si puede gobernar con un máximo racional de participación.

Ello supone que no sea manipulado, ni por los partidos ni por la burocracia gobernante, lo cual es altamente improbable. De allí que la palabra “democracia”, entendida tradicionalmente como sinónimo de república, haya caído en el presente siglo en una extrema vaguedad y sirva para denominar los regímenes políti­cos más diversos.

Se ha convertido en palabra sagrada, como son la verdad o la justicia, pero encubre formas de gobierno que no respetan los derechos individuales ni franquean la posibilidad de que las minorías puedan alcanzar el gobierno al transformarse en mayoría.

Sin libertad política, asegurada por la existencia de varios partidos, se hace imposible la ascensión al gobier­no de quienes representan la oposición. Advirtiendo el contrasentido de proclamar democracia y prohibir el plu­ripartidismo, varios países disfrazan su monopartidismo real prohibiendo que existan partidos y denominando al partido único “unión” o “movimiento”.

Se finge que el Gobierno se sustenta en un pueblo políticamente unánime. Por simple magia verbal, al partido gobiernista se le denomina “pueblo encuadrado en una sola organización”, a la vez que se prohíbe la existencia de partidos. En los regímenes marxistas la Constitución le niega derecho de existencia a todo partido que no sea el partido comunista, como en Rusia, o bien los declara alineados al partido oficial, como en los gobiernos de Europa Oriental y en China.

Igualdad de derechos políticos, igualdad social con aproximación de los ingresos económicos, alternabilidad en el mando y limitación de la voluntad mayoritaria frente a los derechos humanos fundamentales, tal es el ideal de una Democracia. Aproximarse a dicho ideal es una marcha que lleva siglos y que cuenta con realizaciones contrapuestas; pero tal debe ser la republica pura, especie de estrella polar que guía el proceso histórico aunque no sea totalmente alcanzable.

A pesar del confusionismo existente en cuanto al empleo de la palabra democracia, por lo menos cabe comprobar que nadie discute que ella entraña gobierno para el pueblo, o sea para la comunidad toda, y que solo existe ahí en donde puede ser formulada y discutida libremente.

El uso de la voz democracia apareja connotaciones distintas, a uno y otro lado de la divisoria ideológica, lo cual origina acusaciones reciprocas de desnaturalización o de simulación. Solamente el estudio de los principales tipos de gobierno, puede hacer luz sobre el enjuiciamiento.

El sistema político de participación es una idea recurrente en las últimas décadas, todavía en proceso de definición; se postula social a la vez que político. Aspira a una sociedad liberada, autogestionaria y regionalizada. Responde al propósito de que el pueblo intervenga en el mayor numero de decisiones, desde sus centros de trabajo y tanto a nivel regional como nacional. Promovido vagamente desde la segunda guerra, sugiere formas próximas al corporativismo pero con un sentido de clase bien definido.

Ha sido aplicado de modo complejo en Yugoeslavia desde la ruptura con Stalin y es objeto de reciente campaña en América Latina. La autentica democracia, “supone la participación activa y cotidiana de los ciudadanos en las decisiones publicas”. El esquema obedece a la finalidad de que el trabajador no se deslinde respecto del ciudadano que existe en el. Se persigue ir reduciendo al mínimo posible el diafragma intermediario que separa al pueblo de la efectividad del poder.

En nuestro país ha sido enunciada la formula de “democracia social de participación plena”, la cual supone una previa movilización que motive debidamente a los trabajadores y respete la autonomía de sus organismos.

La idea participacionista nació al advertirse que la democracia representativa, si bien brinda libertad política real en muchos países occidentales, no ofrece política real en muchos países occidentales, no ofrece posibilidades de autodeterminación económica a los trabajadores.

La diversidad de estratos en la sociedad capitalista ofrece una movilidad social que permite ascender dentro del sistema, pero funda la disciplina de las empresas en la identidad de la propiedad y el control y la dirección de las empresas correspondían solo al empleador.

Hoy avanza la noción de democracia en el trabajo, hasta donde la disciplina y la productividad lo permitan. Las clases trabajadoras, usando su poder electoral, lograron desde el siglo pasado algunas mejoras sustanciales, en orden a la protección industrial y a los salarios. Pero en cuanto a la participación en la gestión y a la distribución de los ingresos netos, el avance ha sido pequeño. La desigualdad en la distribución del ingreso y la deshumanización del trabajo, generada esta por la magnitud de la empresa y por la aplicación creciente de tecnología, causaron un malestar visible.

Desde Proudhon hasta la “economía de participación”, que diera ingerencia a los trabajadores en la toma de decisiones, con la mira final de un equilibrio de clases o bien de la desaparición de las clases.

Si se considera al estado no como una imposición pre-existente a la vida de cada uno de nosotros, como es en realidad, sino como una asociación formada por la adhesión libre de sus componentes, se llega a la conclusión de que deben establecerse formas de participación que condigan con el ideal democrático y ensanchen en la base la toma de decisiones.

Al respecto merece mención, en el orden político, la idea participacionista que reitero de Gaulle en su ultimo periodo de gobierno, postulando una “tercera vía”. En economía, el teórico del partido comunista en materia de autogestión ha sido Eduardo Kardelj, connotado Vicepresidente de Yugoeslavia. La economía de participación ha sido fundamentada por el profesor checo Yaroslav Vanek de la Universidad de Cornell.

El presidente de Gaulle enuncio la idea pero con manifiesta prudencia. Afirmo que el espíritu de asociación debía reemplazar al espíritu de lucha de clase,  por lo que los Consejos Regionales y el senado debían integrarse con representantes de las categorías económicas y sociales, al lado de los miembros elegidos.

La participación a nivel de los centros de trabajo y mediante organismos de representación regional ha sido planteada en varios países como posibilidad de una vía media, que seria obtenida por evolución del sistema capitalista occidental o por humanización del socialismo rígidamente dirigido, del tipo soviético.

La participación persigue disminuir la concentración de poder que se produce hoy en ambos sistemas, el capitalista y el marxista. El nuevo modelo afirma inspirarse en el deseo de superar la escasa participación de los gobernados en los mecanismos de toma de decisión, tanto en lo político como en lo económico. La postulación de dicha formula es mas enfática ahora que ha sido ensayada desde la izquierda, como en Yugoeslavia, partiendo de una ruptura con el comunismo centralmente planificado, o desde la derecha, como en algunos países de economía capitalista mixturada, ofreciendo a los trabajadores ingerencia en el control y en la propiedad de las empresas.

Se confía en variar así la fuerza motivadora de la vida social, que se presenta como un subproducto de las decisiones políticas, al punto que la constitución de Yugoeslavia conforma la Cámara de origen popular con trabajadores de los sectores organizados de la población.

La participación confía en superar el dualismo Estado y sociedad, pues radica en aproximar lo social y lo político. Tomando por base las organizaciones sociales, o sea ocupacionales, se esfuerza en establecer un equilibrio socio político, pero entraña la sectorización de la sociedad en cuanto electorado.

La entraña del sistema participatorio es la idea de que el mayor número posible de las decisiones sean tomadas por las bases y que entre el pueblo y el poder exista el mínimo posible de intermediarios.

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA SEMIDIRECTA

Soberanía popular y soberanía nacional

El gobierno democrático reposa sobre el principio de que la soberanía corresponde a la colectividad. Pero conviene distinguir dos corrientes doctrinarias en relación con la teoría democrática: la de la soberanía popular, que sostiene que el poder es poseído por los individuos que componen el conjunto social, o sea que cada persona posee una parte de ella, y la de la soberanía nacional, que atribuye el poder a la nación pero como función del Estado. La soberanía popular es una concepción inorgánica.

Dabin considera que ambas doctrinas deben rechazarse; la primera por anárquica y la segunda por irreal. La fórmula que preconiza, a la vez, realista y orgánica, es la teoría de la institución: “El pueblo no está llamado a mandar ni hacer oír su voz en el Estado, sino en cuanto está ya integrado en el Estado, qualite qua, y. en vista de proveer a las exigencias específicas de la vida y del buen funcionamiento del Estado.

De ahí se sigue que la nación soberana lejos de dominar al Estado, está al servicio del Estado, lo cual no quiere decir que el Estado mismo no esté al servicio de la nación, puesto que el bien público, fin del Estado, no existe para el Estado sino para la nación y los individuos particulares que la componen”.

A medida que se amplía el pueblo, la participación de cada cual se hace menos real, menos activa, lo cual debilita su sentido de obediencia afectiva. Cada individuo participa en las decisiones en un grado decreciente a mayor densidad de la población. Y no posee una partícula de la soberanía, como algunos creen entender en la lectura de “El contrato social”.

El propio Rousseau expresa: ‘La soberanía reside solamente en la colectividad como cuerpo”. A lo que debemos agregar, rectificándolo gracias al progreso notable que ha logrado la teoría política, que la soberanía es atributo del Estado y no del cuerpo electoral, pero que es éste quien designa a los detentadores del poder y retiene su derecho a vigilar el comportamiento de los gobernantes. Normalmente basta la separación de poderes para que el control se ejerza en el sentido deseable para el pueblo.

Pero la democracia parlamentaria ha entrado en crisis en la mayoría de las naciones, en gran parte por la exagerada influencia de los apetitos de partido, lo que ha conducido a dos corrientes: una reformista, que espera rectificar los errores y la lentitud de la intervención parlamentaria, y otra revolucionaria, deseosa de cambiar la estructura toda del Estado y establecer nuevos caminos para que la voluntad popular no sea escamoteada.

Encontrar ese nuevo sistema sin caer en un poder coercitivo extremo, que negaría de modo totalitario los derechos de la persona humana, es un problema de participación no resuelto aún por ideólogos y políticos.

Instituciones de democracia directa

A fin de obtener que al menos las decisiones más graves sean expresión de la voluntad general, se han imaginado diversos modos de recurrir a la consulta popular. Con ello se tiene a inducir a las Cámaras a que mantengan mayor respeto por la opinión pública y no pierdan contacto con las masas populares. Se trata de sistemas que facilitan la emisión de un voto global, generalmente expresado con laconismo y sin aptitud para introducir matices o analizar un problema en toda su complejidad.

Tales prácticas vienen siendo articuladas dentro del juego de la democracia representativa. El país cuna del parlamentarismo, que es Gran Bretaña, recusa los sistemas mencionados y prefiere optar por la disolución de la Cámara de los Comunes, lo cual franquea el pronunciamiento decisorio del pueblo.

Advirtiendo que la democracia ha degenerado en un secuestro del Estado por los partidos, algunos países han introducido formas de decisión directa para contrarrestar el uso inmoderado del mandato durante todo un período. Las instituciones que franquean al pueblo un acceso a las decisiones, son el referéndum, la iniciativa popular, la revocación del mandato y el plebiscito.

Por el referéndum, los ciudadanos pueden confirmar o rechazar las leyes aprobadas por el Parlamento. Conviene distinguir entre el referéndum obligatorio, que existe en Suiza para las leyes constitucionales, las cuales deben ser sometidas a la ratificación popular necesariamente, y el referéndum facultativo, que opera también en Suiza para aquellas leyes ordinarias cuya revisión haya sido pedida dentro de los noventa días de su promulgación por treinta mil ciudadanos. El referéndum facultativo es llamado también “veto popular”, pues permite al pueblo desaprobar una ley dictada por el Parlamento.

La iniciativa popular permite a una fracción del cuerpo electoral iniciar un procedimiento de revisión constitucional o de formación de una ley. Se emplea en Suiza respecto de las reformas constitucionales y en algunos cantones se extiende aun a las leyes ordinarias; si cierto número de ciudadanos pide la dación o la abrogación de una ley, el Parlamento debe deliberar y resolver tal materia. También existe en Italia.

La revocación del mandato (recall) existe en algunos estados norteamericanos y en determinados cantones suizos, así como en la Unión Soviética y en China. Es de origen norteamericano y consiste en el derecho de los electores a poner término a la representación que confirieron.

El plebiscito, desacreditado antaño por haber servido para amañar decisiones, es un recurso del gobierno al pueblo para que autorice una reforma o dirima un impase entre los poderes legislativo y ejecutivo. Los sistemas modernos de pureza electoral han devuelto prestigio y eficacia al plebiscito. Francia recurrió al plebiscito para aprobar su actual constitución y convalidar la dictadura comisoria que el Parlamento habla otorgado al General de Gaulle en forma extraconstitucional. También lo empleó Colombia para insertar su pacto bipartidario en la Constitución y fue introducido en Chile en 1970.

De modo genérico, la consulta al pueblo se denomina plebiscito, pero cabe distinguir entre el plebiscito propiamente dicho y el referéndum. Del punto de vista de una nomenclatura precisa, la voz referéndum tiene significado distinto a la palabra plebiscito. Esta última equivale a decisión popular, como manifestación directa del soberano; el objeto de la consulta no está ligado a un acto legislativo sino que somete al cuerpo electoral el tomar una decisión de importancia, tal como la anexión a otro Estado o la opción respecto a la forma de gobierno.

El referéndum sirve, en cambio, para que el pueblo exprese su voluntad respecto de una ley determinada, o sea de una norma previamente tamizada por el poder legislativo, a través de la deliberación de los órganos representativos. Para evitar el recuerdo de las imposiciones gubernativas efectuadas en la época de Napoleón, el plebiscito existe en Francia bajo la denominación de referéndum. Es fuente principalísima para ciertas decisiones, y además opera propiamente como referéndum para las leyes que no modifican la constitución.

El sistema italiano establece el referéndum para los casos en que no menos de cincuenta mil electores o bien cinco consejos regionales soliciten que se someta a confirmación o rechazo del pueblo una ley o un decreto legislativo con valor de ley. No se admite el referéndum, expresamente, si se trata de una ley tributaría de presupuesto, así como las amnistías o indultos y respecto de las que autorizan la ratificación de un tratado.

Para las leyes constitucionales, el referéndum es obligatorio si lo reclama una quinta parte de los miembros de una cámara, o quinientos mil electores o cinco consejos regionales. Debe advertirse que el referéndum no procede si la reforma constitucional hubiera sido aprobada, en segunda votación, por cada una de las cámaras y mediante mayoría de dos tercios.

En el régimen suizo, el referéndum es instrumento eficaz de democracia casi directa. Una ley aprobada por la Asamblea Federal, o sea por ambas Cámaras Legislativas, está sujeta al referéndum durante noventa días. Dentro de este término, procede la confirmación o rechazo por el pueblo si es que un mínimo de 30,000 electores exige el sometimiento de la ley a la consulta popular. Si vencido el plazo no hubiera sido pedido el acto refrendativo, la ley entra en vigor. Puede afirmarse que el referéndum es un plebiscito sobre  materia debatida y resuelta por las Cámaras, en tanto que el plebiscito propiamente dicho es una consulta sobre la conveniencia o inconveniencia de incorporar criterios o instituciones nuevas a la legislación, o sobre la decisión de un rumbo político, como sucedió hace poco al someterse al pueblo helvético la concesión del voto a las mujeres, o cuando en España se restauró la institución monárquica y se dio carácter de Regencia al gobierno de Franco.

La dictadura comisoria del General de Gaulle, que consistió en encargarlo del Gobierno con facultad de redactar la nueva constitución, fue convalidada por un acto de plebiscito puro, o sea de voluntad popular como “última ratio”.

En muchos países subdesarrollados o en proceso de desarrollo los doctrinarios y los políticos empiezan a desconfiar de que se pueda alcanzar el cambio estructura] sin alterar el marco institucional de la democracia representativa. De ahí que aparezcan nuevos planteamientos, que van desde la exigencia del plebiscito hasta el propósito revolucionario. Para dar viabilidad a la reforma de estructuras y a los cambios sociales perseguidos, los innovadores ponen énfasis en la conveniencia de una mayor participación del pueblo en los procesos de decisión y en la transmisión del poder político. A tal tipo de democracia gobernante, en la cual se mira a la frecuencia de las expresiones de voluntad popular y a la capacidad u opción del titular de la soberanía, responden las instituciones del plebiscito y de la renovación por tercios.

En contra del plebiscito se arguye que tiene el inconveniente de prestarse a decisiones inducidas por el Gobierno o bien de plantear como dilemas simplistas problemas que son de naturaleza compleja, pero es innegable que constituye un recurso de democracia auténtica.

Democracia representativa o pluralista; democracia popular o monocracia

El advenimiento de los partidos de masa ha determinado que las democracias occidentales evolucionen hacia una mayor gravitación de la voluntad popular en el gobierno. Tras la consolidación de los regimenes marxistas en la Unión Soviética, China y otros países, es necesario distinguir entre la democracia representativa y la llamada democracia popular. En la primera, se entrecruzan y equilibran grupos y tensiones diversos, obedeciendo a una filosofía política pluralista. En la segunda, no interesa garantizar la libertad mediante el equilibrio de fuerzas internas, sino únicamente construir una sociedad con justicia económica, sacrificando la libertad.

En la democracia representativa, los cambios estructurales deseados por anhelo de justicia social, se realizan con lentitud, de modo gradual o retardado, según sean los países, pero preservando la libertad. La tolerancia por las ideas opuestas condena a los regimenes a cierta ambigüedad, que es visible, por ejemplo, en el laborismo británico, en la social democracia y en la democracia cristiana; un acuerdo leal sobre el fondo de vigencias colectivas y sobre el derecho de alternar en el gobierno permite salvar la libertad, a la vez que se efectúa la transformación, a veces con ritmo que infunde desesperanza y a veces con ritmo alentador y veraz, como es el caso de vanas naciones de Europa Occidental.

Una misma adhesión al ideal democrático permite que convivan grupos que desean la libertad para mantener sus privilegios y masas impacientes por alcanzar una mejora en sus niveles de vida. Para los unos, la ley es la garantía de las libertades, en tanto que los otros ven en ella el instrumento de transformación pacifica.

La oposición de intereses o ideales es, precisamente, lo que da su carácter a la democracia representativa, de estilo plural, en tanto que el poder pone todo su peso, unas veces al lado del cambio, para que las injusticias vayan corrigiéndose, y otras al lado del orden, para que la alteración sea gradual. Se aspira a no romper con la democracia clásica, cuya herencia de libertad se trata de salvar conciliándola con las exigencias de la democracia social.

Así los regímenes políticos son a la vez, liberales y socializantes. La incoherencia se advierte especialmente en la acción de los grupos de presión, interesados en preservar la libertad económica, o en la actividad de los sindicatos, afanosos de ganar más poder para obtener ventajas remunerativas y para afianzar la importancia social lograda, así como en las tensiones creadas por otros factores de poder, tales como la prensa o la fuerza armada, que se sitúan fuera del Estado oficial para presionar sobre él.

Al poder del Estado se le enfrenta el poder de todos, en contradicción incesante que tiene mucho de miope, pues no se entiende que la institución Estado es engendrada como representación del orden social. Este gana un nivel superior cuando institucionaliza el poder, que proviene de una energía libre y personalista, y lo transforma en gobierno impersonal de las leyes. En consecuencia, exige unidad básica y un mínimo de disciplina.

En los países en desarrollo, la lentitud de la democracia representativa para realizar las transformaciones ha originado una fuerte corriente de escepticismo respecto de la legalidad. Se reclama la implantación de medios directos de gobierno popular, como son el plebiscito y la renovación frecuente de las Cámaras Legislativas, sea mediante elecciones parciales o mediante la revocación del mandato parlamentario.

La desesperanza en las formas actuales del gobierno representativo engendra en grandes sectores un estado de espíritu que equivale a la deserción de la legalidad y abre paso a la ruptura del orden constitucional mediante levantamientos que son en parte una acción contra el escamoteo de los problemas profundos, táctica de numerosos gobiernos. Dado que luchar por la justicia es la lucha eterna del Derecho, como afirmó Ihering, la inevitable transformación debe ser realizada dentro de cauces jurídicos muy activos y sin bastardear los anhelos cívicos.

Miramos en el derecho la estabilidad de hoy, o sea la seguridad jurídica, pero también el fermento del futuro, de modo que la estructura política sea capaz de preservar la libertad sin frenar la transformación necesaria. Una democracia gobernante, en la que el pueblo no sea fondo coral sino voluntad decisoria, se va forjando ya, con perfiles de turbulencia y de promesa. Canalizar las fuerzas desatadas dentro de cauces constitucionales renovados, es la exigencia planteada por los juristas que anhelan una consonancia de la razón con el número. Si ello no se lograra, la prepotencia de unos u otros se tornará incoercible.

A diferencia de la democracia pluralista, la democracia marxista, bajo el nombre de “democracia popular”, persigue una sociedad unificada y con ideología monolítica. La Constitución de la República Popular China, por ejemplo, proclama un “Estado de democracia popular, dirigido por la clase obrera y basado en la alianza de obreros y campesinos”. Acuñada hoy con docilidad, gracias a la perspectiva de un poder que ofrece suprimir las clases sociales y generalizar la justicia económica, la democracia marxista se autocalifica de democracia popular, con fundamentos distintos a los del mundo liberal. Un poder sin rival posible, único y omnipotente, regido por el partido proletario, suprime toda discordancia.

El marxismo concibe la organización política de Occidente como una alienación de la sociedad a la clase opresora. Ofrece la liberación a través de una dictadura que se dice transitoria y que ha sido fundamentada sobre todo por Lenin. La base filosófica es el materialismo: el hombre está sometido a un haz de determinismos derivados de las formas económicas.

La concepción marxista afirma que la promoción del hombre está prefigurada por la idea de la dialéctica. El proceso dialéctico se revela en la síntesis que procede de la oposición entre una tesis y una antitesis. Socialmente, la tesis es el dato social existente, o sea la supremacía de la clase poseedora; la antitesis es la dictadura del proletariado y la síntesis estará constituida por la sociedad sin clases. El partido comunista es la pieza maestra del régimen. Así, la constitución soviética lo define como “vanguardia de los trabajadores en su lucha por la construcción de la sociedad comunista y núcleo dirigente de todas las organizaciones de trabajadores, tanto sociales como del Estado”.

En materia de libertad, la concepción marxista se asemeja al doctrinarismo de Rousseau, para el cual la voluntad general, que no es la suma de voluntades o intereses sino el interés general que los trasciende, no puede ser desobedecida, porque no cabe admitir libertad en el error. El marxismo leninismo proclama que los derechos individuales sólo pueden usarse en el sentido de reforzar el orden democrático popular. La “legalidad socialista” radica en ser libres si se marcha en el mismo sentido en que es dirigido el Estado, con miras a construir la sociedad homogénea.

El Derecho resulta así, de manera inexorable, un instrumento del Estado y no tiene valor sino en la medida en que sirve a la política del gobierno. La libertad consiste en un comportamiento coincidente con la dirección del gobierno, contribuyendo al perfeccionamiento de la sociedad socialista. El sistema no admite discrepancias y estrangula la formación de minorías políticas.

Por tanto, en la monocracia soviética no existe Estado de Derecho, ya que no se definen ni garantizan las libertades individuales; no existe el habeas corpus ni hay otros medios jurídicos contra la opresión.

La adhesión pasiva o activa del pueblo ha permitido ganar cohesión como para asentar un determinado conjunto de normas, o sea un derecho. Pero la legalidad socialista, se funda exclusivamente en el arbitrio con que el Estado asigna contenido a la norma o la reinterpreta en concordancia con su finalidad desconociendo los valores que porta la persona humana. Dado que la norma no se inspira en un principio superior, sino que deriva del Estado, éste cuenta con un orden jurídico, o sea un derecho positivo, pero no realiza el Estado de Derecho, cuya raíz es el respeto a los derechos individuales.

El régimen marxista es de poder cerrado, ejercido en el misterio de los cuadros superiores del partido, de modo tal que los gobernados se enteran de un cambio solamente después de haberse operado la sustitución de los gobernantes y la decisión de nuevas consignas.

El Perú ha implantado en el área de la economía diversas formas asociativas o de participación, tales como la cogestión y copropiedad en la empresa industrial y en las actividades minera y pesquera, a través de las comunidades laborales; la propiedad cooperativa autogestionada; la sociedad de personas, que une a trabajadores y empresarios en el agro y, por último, las empresas de propiedad social.

Es interesante distinguir que la autogestión yugoslava partió desde la izquierda, o sea superando la estatización previamente instaurada, en tanto que la autogestión peruana ha partido desde la derecha, o sea injertando el sistema capitalista, como observa Vanek. El Estado, además de organizar o ampliar empresas públicas, ejerce su orientación en los sectores restantes. En las empresas estatales, de modo general, no se autoriza la comunidad laboral.

El problema crucial, como advierte Branko Horvat, profesor del Instituto de Estudios Económicos de Belgrado, es el de armonizar el principio democrático de la autogestión con el principio económico de eficiencia. En efecto, el máximo de democracia y el máximo de eficiencia suponen una calificación del valor objetivo de cada opinión, por lo que surgen dos preguntas: ¿quién califica dicho valor objetivo? y ¿cuál es el valor objetivo aplicado por el árbitro que valoriza?.

El mencionado profesor anota: “La respuesta a esas dos preguntas se encuentra en que la democracia sólo determina el modo de tomar decisiones y no la calidad de las decisiones”. Es inevitable que, tanto a nivel político como a nivel proceso de producción, se imponga cierta tutela por parte de las autoridades o del partido, sea una forma de conducción o dirigismo, tal como admite el propio Eduardo Kardelj, ideólogo de la autogestión y Vicepresidente de Yugoslavia.

El sistema de participación, o asociativo, ofrece una organización socio política y no meramente política. Fue introducido por Yugoslavia al implantar en los centros de trabajo el mecanismo de autogestión compuesto por el Consejo obrero, el comité de gestión y el Director. En lo político, la autogestión social es autogobierno y se realiza a partir de los municipios y otras organizaciones sociopolíticas, fuertemente influidas por el partido oficial.

Persigue brindar a cada individuo la oportunidad de participar en la toma de decisiones en la base. Las delegaciones son elegidas escalonadamente y reciben mandato imperativo en forma de instrucciones de las bases autogestionadas. Deben proceder con arreglo a dichas directrices, cuidando de compatibilizarlas con los intereses y necesidades sociales comunes.

La Constitución define a los trabajadores y ciudadanos como sostén de los órganos estatales y prevé el control público sobre la acción de dichos órganos. El sistema de partido único, denominado Alianza Socialista y nucleado en torno a la Liga Comunista, influye en la autogestión socio política de los municipios, los distritos y las repúblicas federadas y provincias autónomas.

Se carece de diseño específico respecto del régimen denominado “democracia social de participación plena”. Sabemos que consistirá en transferir el poder político a las organizaciones sociales de base, pero no existe el esquema de la, nueva estructura electoral llamada a rectificar el sistema de democracia representativa, característico del pluralismo. Ciertamente, la democracia representativa debe asimilar mecanismos de democracia directa para dar una mayor participación a todos los gobernados, así corno debe franquear nuevas vías de participación a las personas no afiliadas a los partidos. Pero es obvio que señalar los defectos de la democracia representativa y plantear sus correctivos no es lo mismo que propugnar la abolición de ella, lo cual conduce inevitablemente a la manipulación de masas, recurriendo a multitudes con sicología colecticia. El enfoque de tal emulación con la actividad normal de los partidos nos lleva a recordar que la verdadera democracia ha de ser pluralista, es decir multipartidaria y basada en el sufragio, único modo de expresión racional y libre.

Georges Burdeau, figura cimera entre los politólogos, observa que en las democracias el pueblo influye sobre el poder, en tanto que en las autocracias se convierte en un instrumento del poder. Más allá de las analogías formales, o sea calando en las relaciones reales que se establecen, es indisimulable que cuando el poder señala parámetros ideológicos resultan clausuradas las vías de expresión de las aspiraciones del pueblo, sea el de hoy o el del futuro.

La pluralidad de órganos y tendencias, recíprocamente controlados, es la única forma humanista de vida política. La técnica del poder cerrado, que se apoya en la hegemonía del partido único, impone decisiones que provienen del cuadro superior, lo que no excluye que existan gran número de comités y asambleas destinadas a brindar el espectáculo de instancias populares originarias. En verdad, las bases siguen las directivas de la burocracia política.

LA DEMOCRACIA EN LA GRECIA Y ROMA ANTIGUAS  

El gobierno del pueblo tuvo un importante papel en las democracias de la era precristiana. A diferencia de las democracias actuales, las democracias de las ciudades Estado de la Grecia clásica y de la República de Roma eran democracias directas, donde todos los ciudadanos tenían voz y voto en sus respectivos órganos asamblearios.

No se conocía el gobierno representativo, innecesario debido a las pequeñas dimensiones de las ciudades Estado (que no sobrepasaban casi nunca los 10.000 habitantes). La primigenia democracia de estas primeras civilizaciones europeas no presuponía la igualdad de todos los individuos, ya que la mayor parte del pueblo, que estaba constituido por esclavos y mujeres, no tenía reconocidos derechos políticos. Atenas, la mayor de las ciudades Estado griegas regida por un sistema democrático, restringía el derecho al voto a aquellos ciudadanos que hubieran nacido en la ciudad.

La democracia romana era similar a la ateniense, aunque concediese a veces la ciudadanía a quienes no eran de origen romano.

El estoicismo romano, que definía a la especie humana como parte de un principio divino, y las religiones judía y cristiana, que defendían los derechos de los menos privilegiados y la igualdad de todos ante Dios, contribuyeron a desarrollar la teoría democrática moderna.

La República romana degeneró en el despotismo del Imperio. Las ciudades libres de las actuales Italia, Alemania y Países Bajos siguieron aplicando algunos principios democráticos durante la edad media, en especial, en el autogobierno del pueblo a través de las instituciones municipales. Los esclavos dejaron de constituir una parte mayoritaria de las poblaciones nacionales.

A medida que el feudalismo desaparecía, surgía, a su vez, una clase media comercial y rica que disponía de los recursos y tiempo necesarios para participar en los asuntos de gobierno. Resultado de esto fue el resurgimiento de un espíritu de libertad basado en los antiguos principios griegos y romanos.

Los conceptos de igualdad de derechos políticos y sociales se definieron aún más durante el renacimiento, en el que se vio potenciado el desarrollo del humanismo, y más tarde durante la Reforma protestante en la lucha por la libertad religiosa.

EUROPA OCCIDENTAL Y ESTADOS UNIDOS  

Comenzando con la primera rebelión popular contra la monarquía, que tuvo lugar durante la Guerra Civil inglesa (1642-1649), llevada a su punto culminante con la ejecución del propio rey Carlos I, las acciones políticas y revolucionarias contra los gobiernos autocráticos europeos dieron como resultado el establecimiento de gobiernos republicanos, algunos autocráticos, aunque con una tendencia creciente hacia la democracia.

Este tipo de acciones estuvieron inspiradas y guiadas en gran parte por filósofos políticos, sobre todo por los franceses Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu y Jean-Jacques Rousseau, y por los estadistas estadounidenses Thomas Jefferson y James Madison. Antes de que finalizase el siglo XIX las monarquías más significativas de Europa occidental habían adoptado una constitución que limitaba el poder de la corona y entregaba una parte considerable del poder político al pueblo. En muchos de estos países se instituyó un cuerpo legislativo representativo creado a semejanza del Parlamento británico. Es posible que la política británica ejerciese pues la mayor influencia en la universalización de la democracia, aunque el influjo de la Revolución Francesa fue de igual forma poderoso. Más tarde, el éxito de la consolidación de las instituciones democráticas en Estados Unidos sirvió como modelo para muchos pueblos.

Las principales características de la democracia moderna son la libertad individual, que proporciona a los ciudadanos el derecho a decidir y la responsabilidad de determinar sus propias trayectorias y dirigir sus propios asuntos, la igualdad ante la ley, el sufragio universal y la educación. Estas características han sido proclamadas en grandes documentos históricos, como la Declaración de Independencia estadounidense, que afirmaba el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano francesa, que defendía los principios de libertad civil e igualdad ante la ley, y la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 1948.

En ella se recogen los derechos civiles y políticos fundamentales que atañen a personas y naciones, tales como la vida, la libertad, la intimidad, las garantías procesales, la condena y prohibición de la tortura, de la esclavitud, y los derechos de reunión, asociación, huelga y autodeterminación entre otros. Desde su promulgación, la Declaración, aunque sólo fue ratificada por una parte de los estados miembros, ha servido de base para numerosas reivindicaciones políticas y civiles, en cualquier Estado.

Hacia mediados del siglo XX todos los países independientes del mundo, a excepción de un pequeño número de ellos, contaban con un gobierno que, en su forma si no en la práctica, encarnaba algunos de los principios democráticos. Aunque los ideales de la democracia han sido puestos en práctica, su ejercicio y realización han variado en muchos países.

LATINOAMÉRICA

En Latinoamérica, la instauración de los valores esenciales de la democracia se inició con el proceso de su propia emancipación (1808-1826), al que sucedió una época de regímenes constitucionalistas. Se promulgaron constituciones en todos los países pero se multiplicaron de forma excesiva a consecuencia de los constantes cambios políticos y las imposiciones de los grupos dominantes, lo que impidió una temprana estabilización de regímenes políticos fundamentados en un sistema basado en los principios democráticos.

El predominio del caudillismo, las presiones de los caciques y las oligarquías, los enfrentamientos ideológicos y la dependencia económica externa, fueron algunos de los factores que provocaron la inestabilidad, la lucha de multitud de facciones, el subdesarrollo y el estancamiento generalizado, que se convirtieron en rasgos característicos de la política latinoamericana.

Se sucedieron épocas de libertad y democracia con otras en las que se generalizaron los regímenes autoritarios y las dictaduras militares. Al iniciarse la década de 1980, Latinoamérica vivía un auténtico renacer de la democracia, que se ha extendido, a partir de los cambios ocurridos en Perú y Ecuador, a los demás países.

En casi todos ellos se manifiesta un fuerte apego a las constituciones, que consagran los contenidos del Estado de Derecho. Quienes propugnan el desarrollo democrático en Latinoamérica luchan, sin embargo, contra una cultura política en la que el autoritarismo ha jugado un papel muy significativo a lo largo de su historia. No obstante, el consenso en que la lucha por generalizar la democracia debería ser la principal misión de los gobiernos latinoamericanos fue la principal conclusión extraída por los jefes de Estado de la zona reunidos en Chile durante la VI Cumbre Iberoamericana celebrada en 1996.

DEMOCRACIA EN EL PERU

Si nos guiáramos básicamente por las elecciones generales o municipales que se han venido dando regularmente desde 1980; a excepción de lo ocurrido desde del 05 de Abril de 1992 hasta la elección del CCD- tendríamos que responder que efectivamente existe la Democracia en el Perú.

Sin embargo ésta sería una verdad a medias, ya que si bien es cierto que no puede existir una Democracia que no se base en elecciones periódicas y libres y en la alternancia de gobiernos surgidos de la voluntad popular; esto no basta y no es condición suficiente para que una Democracia funcione.

Analicemos brevemente por qué:     

En primer lugar, es muy importante que exista equilibrio de poderes, es decir que los Poderes del Estado se controlen mutuamente entre sí. En el Perú de hoy parece que esta condición no se cumple, ya que ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial parecen tan independientes frente al Poder Ejecutivo, que concentra mayor poder dentro de la estructura del Estado.

La Democracia no es sólo forma, es también contenido. En este sentido la Democracia deberá brindar iguales oportunidades de realización a todas las personas sin discriminaciones de ningún tipo. Hoy en día en el Perú, los niveles de pobreza ha aumentado a cifras alarmantes y afecta aproximadamente al 50% de la población.

Las grandes diferencias en la distribución del ingreso persisten, y el número de sub-empleados y desempleados sigue siendo muy alto. Esto a pesar que los indicadores macroeconómicos son hoy positivos y dan cuenta de un crecimiento económico; por ello se hace indispensable la conjugación de Democracia más desarrollo.

La participación ciudadana en las grandes decisiones que afectan la vida del Estado no es aún viable; a pesar de la existencia de una ley específica al respecto- por la poca voluntad política de los gobernantes de democratizar estas decisiones.

No existe en el Perú de hoy, una base institucional sólida que respalde la vigencia de la Democracia. Los Partidos Políticos, su principal soporte, y otras instituciones como los sindicatos, han sido atacados y casi destruidor desde el propio Estado. Además, es indispensable el funcionamiento de otras instituciones de vital importancia para consolidar un régimen democrático como son el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Academia de la Magistratura, etc.

No existe ninguna Democracia que no se base en la intermediación de los partidos políticos u otras instituciones semejantes, y así lo demuestra la realidad latinoamericana actual: Chile, Uruguay, Brasil, y Colombia. Estos países basan su sistema en partidos políticos organizados de donde provienen sus gobernantes. Si desaparecen estos canales de intermediación, a pesar de la crisis por la que atraviesan, nos acercaríamos a una dictadura donde el líder todopoderoso es el único quién interpreta los deseos de su pueblo. No deberíamos alegrarnos entonces por su desaparición, sino más bien preocuparnos por su reorganización, refundación o surgimiento de nuevos partidos que interpreten y representen los intereses de la población.

En el Perú tampoco se ha formado una opinión pública suficientemente fuerte que modele u oriente las principales decisiones de gobierno. Los medios de comunicación masivos en nuestro país, no representan a la opinión pública, salvo excepciones; más aún cuando el Estado ha logrado controlarlos de diversas formas, como por ejemplo mediante el avisaje o propaganda estatal y la deuda tributaria que estas empresas arrastran. El respeto por la legalidad y el Estado de Derecho no se ha cumplido y no se cumple en nuestro país. No existe un control político y jurisdiccional efectivo, para la plena vigencia de los derechos humanos y de la legalidad. Así, se han dado numerosos caso de violación de los derechos humanos más elementales (derecho a la vida, libertad e integridad física, etc.), y la legalidad no se ha respetado en muchas oportunidades (leyes inconstitucionales, decretos supremos que violan la ley, etc.). Indudablemente esto responde a la falta de un equilibrio de poderes en la estructura del Estado, donde ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial han cumplido con las funciones que la Constitución y las leyes le otorgan.

Entonces, para garantizar la vigencia de la Democracia en nuestro país se requiere crear un marco de relaciones institucionales (políticas, sociales, económicas y jurídicas) que garanticen no sólo la continuidad del orden constitucional, sino también el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, de los niveles efectivos de participación de los ciudadanos y sus organizaciones en las decisiones políticas fundamentales. En este sentido, la Democracia es en nuestro país un proceso aún en construcción, y quizás tengamos que sufrir por algunos años más, las consecuencias de la irresponsabilidad histórica de una clase política que no fue capaz de construir un modelo democrático que representara los intereses y las aspiraciones de las mayorías nacionales.


[1] Oscar E. Bazan Salvador. Ciencia Politica: Teoria del Estado. Tomo I. Edigraber. Lima-Perú,

[2] Raúl Ferrero R. Ciencia Política. Teoría del estado y derecho Constitucional. Lima-Perú.

BIBLIOGRAFÍA

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  • RAUL FERRERO R. CIENCIA POLÍTICA. Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Ediciones J.V. Sétima Edición. 1989.
  • FERRERO R, RAUL. Ciencia Política. Editorial Grafica. Dlino’s. Lima, 1989.