DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

GENERALIDADES

1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERU: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
Artículo 1°. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

Artículo 2°. Toda persona tiene derecho:

  1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.
  2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.
  3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.
  4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.
    Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común.
    Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación.
  5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.
    El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.
  6. A que los servicios informáticos, com¬pu¬tarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.
  7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias.
    Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.
  8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.
  9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley.
  10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.
    Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incauta-
    dos, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.
    Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal.
    Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial.
  11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.
  12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas.
  13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa.
  14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público.
  15. A trabajar libremente, con sujeción a ley.
  16. A la propiedad y a la herencia.
  17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.
  18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional.
  19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.
    Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad.
  20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad.
    Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden ejercer individualmente el derecho de petición.
  21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República.
  22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
  23. A la legítima defensa.
  24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:
    a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe.
    b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas.
    c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios.
    d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.
    e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.
    f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito.
    El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia.

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.
g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida.
h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad.

Artículo 3°. La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.

DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

Artículo 4°. La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.
La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley.

Artículo 5°. La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable.

Artículo 6°. La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud.

Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad.

Artículo 7°. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.

Artículo 8°. El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales.

Artículo 9°. El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.

Artículo 10°. El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida.

Artículo 11°. El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.

Artículo 12°. Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley.

Artículo 13°. La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo.

Artículo 14°. La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.

Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país.  

La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias.

La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa.

Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural.

Artículo 15°. El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo, así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes.
El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico. Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas, conforme a ley.
Artículo 16°. Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados.
El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación.
Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas.
Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la República.

Artículo 17°.- La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación.

Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa.
El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera.
El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo.  Asimismo fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona.  Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país.  Promueve la integración nacional.

Artículo 18°. La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia.

Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas.  La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento.
La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley.
Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico.  Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.

Artículo 19°. Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes .

Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de exoneración y beneficios tributarios en la forma y dentro de los límites que fije la ley.
La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las mencionadas instituciones, así como los requisitos y condiciones que deben cumplir los centros culturales que por excepción puedan gozar de los mismos beneficios.
Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean calificados como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta.

Artículo 20°. Los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria.

Artículo 21°. Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado.

La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio.

Fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional.

Artículo 22°. El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona.

Artículo 23°. El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan.

El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de  los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.
Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento.

Artículo 24°. El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual.

El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores.    

Artículo 25°. La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo. Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio.

Artículo 26°. En la relación laboral se respetan los siguientes principios:
1. Igualdad de oportunidades sin discriminación.
2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.
3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.

Artículo 27°. La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.

Artículo 28°. El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático:

  1. Garantiza la libertad sindical.
  2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales.
    La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado.
  3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones.

Artículo 29°. El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación.

1.2. ANTECEDENTES EN OTRAS LEGISLACIONES
1.2.1. Inglaterra y Francia.
A comienzos de la era constitucional, el derecho de reunión no aparece explícito en ninguno de los textos básicos: ni en la Constitución norteamericana que lo incorporó en la enmienda I, prohibiendo al Congreso dictar leyes que impidan al pueblo reunirse pacíficamente, ni en la declaración francesa de los derechos del hombre, de 1789, cuyo artículo 11, empero, reconoce que “la libre comunicación de ideas y opiniones es uno de los derechos más preciosos”.

Tal vez la libertad de reunión era un presupuesto de las otras que se establecían, tanto que no pareció necesario puntualizarla.

En 1818 los movimientos de descontento producidos en Inglaterra se canalizaron en violentos meetings, y el Parlamento reglamentó al año siguiente el derecho de reunión, que sólo podía ejercitarse con autorización previa, y por parroquias no mayores de 16.000 habitantes. Calmada la agitación, hacia 1824 esos principios cayeron en desuso.

En general, el derecho a reunirse es tradicional en Inglaterra; salvo casos aislados, como el meeting comunista organizado por Barbusse y Munzemberg, que luego de la primera guerra mundial fue prohibido por el ministro Herbert Samuel; a raíz de lo cual el laborismo lo interpeló ruidosamente.

Francia también, durante el siglo XIX, la lucha por el pleno ejercicio de la libertad de reunión fue trabajosa; particularmente bajo el segundo Imperio. La ley del 6 de junio de 1868 autorizaba a los perfectos de policía para aplazar toda reunión que les pareciese peligrosa al orden y seguridad públicos, hasta resolución definitiva del Ministerio del Interior.
“Esto se llama – dijo Jules Simón discutiendo el proyecto, régimen arbitrario. Hay cierta diferencia entre el actual sistema, y el que pretende aprobarse: en el actual sistema, es preciso que vayamos a saludar al señor ministro del interior y le digamos: “Tenga la bondad de permitirnos usar de este derecho sagrado que nos pertenece por el solo hecho de ser ciudadanos franceses; y del cual usaremos, cuando la nueva ley esté sancionada, como valientes que nada tienen que reclamar a nadie”. Entregaremos nuestro aviso previo, y eso bastará para asegurar nuestro derecho. Volveremos entonces a nuestra casa, y encontraremos una carta del perfecto, así concebida: “Postergo”; y al otro día, recibiremos un telegrama ministerial, así concebido: “Prohibido”. Ved, señores, toda la diferencia. ¿Qué os parece? Escucho atentamente a aquél que queda demostrarme que vuestro artículo 13 no es arbitrario sin remedio, y a quien establezca si una ley así determinada se asemeja poco o mucho a la libertad”.

La ley del 30 de junio de 1881 reglamentó brevemente este derecho, y aun se halla en vigor. El principio es la libertad. Las restricciones han surgido más que de este texto, de la jurisprudencia administrativa. El Consejo de Estado admitió en el arret Benjamín, 19 de mayo de 1933, que la policía puede prohibir reuniones públicas, inclusive ya lo dijimos, cuando se presentan como reuniones privadas.

Las manifestaciones no requieren más que una declaración o aviso (decreto ley de 23 de octubre de 1935); las aglomeraciones sólo serán ilegales cuando se trate de gente armada (ley del 7 de junio de 1948), o cuando contraríen la tranquilidad común (ordenanza del 4 de junio de 1960, integrada al art. 104 y concordantes del Código penal).

1.2.2. España y otros países.
Una ley española del año 1880 admitió la libertad de reunirse, restringida más tarde por distintos gobiernos de fuerza. El artículo 38 de la Constitución republicana de 1931 decía: “Queda reconocido el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas. Una ley especial regulará el derecho de reunión al aire libre y el de manifestación”.

Los proyectos de la Comisión Jurídica Asesora (Art. 22), y parlamentario (art. 36), disponían: “para celebrar reuniones al aire libre será necesario el permiso previo de al autoridad”.

Fue a propuesta de Victoria Kent que la comisión rehizo el texto, que finalmente se aprobó tras un debate sobre el alcance de la expresión “aire libre”.

También la constitución de Weimar autorizó, sin aviso ni permiso previo, las reuniones “pacíficas y sin armas”.

Pasada la segunda la segunda guerra mundial, varias declaraciones de derechos humanos mencionan el de reunirse, a saber: el anteproyecto del Comité Jurídico Interamericano (1946), las “Bases” que preparó la UNESCO, y la Declaración del American Law Institute.

Actualmente la mayor parte de los países del mundo garantizan en sus Constituciones, en modo expreso, el derecho a la reunión pacífica. Linares Quintana transcribe las cláusulas respectivas de las leyes básicas de Italia, México, Uruguay, Perú, Venezuela, El Salvador; Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Irlanda, Siria, Egipto, y aun Portugal y España; así como Cuba y Brasil antes de los cambios sobrevinientes.

1.2.3. Los países socialistas.
El artículo 125 de la Constitución de la URSS dice: “Conforme a los intereses de los trabajadores y a fin de consolidar el régimen socialista, la ley garantiza a los ciudadanos de la URSS. c) la libertad de reunión y de actos públicos; d) la libertad de desfiles y manifestaciones en las calles.

“Estos derechos de los ciudadanos los asegura el hecho de que a disposición de los trabajadores y de sus organizaciones se encuentran… edificios públicos, calles, medios de comunicación y otras condiciones materiales necesarias para el ejercicio de estos derechos”.

Denisov y Kirichenko manifiestan que “desde los primeros días de la existencia del Poder soviético, las reuniones, mítines y desfiles han recibido amplia difusión como formas de manifestación del democratismo socialista.

“Todas las entidades sociales organizan con regularidad reuniones y conferencias de sus miembros; las organizaciones del Partido, del Komsomol y sindicales convocan con frecuencia reuniones de sus miembros y asambleas generales de los obreros y empleados de las fábricas, sovjoses o instituciones. Se han convertido en un fenómeno corriente los congresos locales, de república y de toda la Unión, y los mismo ocurre con las conferencias del Partido, del Komsomol, sindicales y de otra índole.

“Lo mismo que en la URSS, los ciudadanos de las democracias populares gozan de la libertad de reunión, de mítines y de desfiles y manifestaciones en las calles”.

Estos conceptos no son suficientemente claros, aunque de ellos puede inferirse que sólo las entidades oficiales gozan del derecho de reunión. Es difícil concebir que un estado socialista en su actual etapa de desarrollo, autorice sin extinción las reuniones públicas.

La propia Constitución las subordina a su conformidad con “los intereses de los trabajadores y a fin de consolidar el régimen”.

Las Constituciones de Yugoslavia (Art., 27) y Bulgaria (Art.88) mencionan el derecho de reunión. También la de Rumania, cuyo artículo 31 afirma que tal libertad “queda asegurada por el hecho que… los locales para reunirse están a disposición del pueblo trabajador”. La Constitución checoslovaca (Art.24) afirma este derecho en tanto no amenace “al orden o al derecho público democráticos”.

BIBLIOGRAFIA

  • Constitución Política del Perú.
  • Mario Alzamora Valdez. Introducción a la Ciencia del Derecho. EDDILI. Décima Edición.
  • Juan Monroy Gálvez. Materiales de enseñanza de Teoría del Proceso.
  • Código Civil.
  • Raúl Ferrero R. Ciencia Política. Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Lima 1984.
  • Oscar E. Bazán Salvador. Teoría del Estado. Tomo I.  Lima-Perú. Edigraber.