DELITO FINANCIERO

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Septiembre 15, 2019 No Comments CONTABILIDAD, PUBLICACIONES, TEMAS admin
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El uso del vocablo “desfalco” se ha puesto de moda en el sistema financiero a pesar de que en muchos países no existe una infracción tipificada bajo ese nombre.

Si acudimos al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos encontraríamos con la siguiente definición:
1. m. Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete.
2. m. Acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros.
3. m. Der. Delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos, o de algunos privados, confabulándose con la representación de los intereses opuestos.”

Si, por el contrario, acudimos a un diccionario especializado de derecho, como el clásico “Vocabulario Jurídico” de Henri Capitant, la definición es la siguiente: “Desfalco”
1. (Der. civ.) Acto cumplido intencionalmente, con la finalidad de herir los derechos o intereses ajenos. Ej.: ocultación o malversación; robo del deudor contra sus acreedores.
2. (Der. pen.) A. Mala fe. Ej.: el fraude es un elemento constitutivo del robo. B. Engaño. Ej.: fraudes electorales, fraude en la venta de mercaderías.”

El elemento común en todas las definiciones es la actuación intencional que genera un perjuicio a un tercero. Para redondear el concepto podríamos agregar el elemento de ocultación de las actuaciones indebidas, que acompaña usualmente a la conducta fraudulenta.

En muchos países se utiliza escasamente el término de fraude, pero no se encuentra tipificado como una infracción, sino que se asocia a las conductas que pueden generar otras infracciones tipificadas en la ley, como por ejemplo la estafa, el abuso de confianza, la falsedad, el robo.

Cuando se imputa a una persona haber cometido un fraude, realmente no se le está imputando ningún delito específico que pueda dar lugar a una sanción penal, aunque si puede utilizarse el vocablo para identificar conductas que comprometen la responsabilidad civil y penal de las personas. En consecuencia, en la esfera penal, es preciso aludir a la infracción establecida en la ley, aunque se utilice el concepto de fraude para referenciar una conducta intencional que ha generado un perjuicio y que forma parte del elemento intencional que se exige en la mayoría de las infracciones.

CLASIFICACIÓN BÁSICA DEL FRAUDE

La mayoría de los estudiosos de los fraudes que afectan a la banca utilizan una clasificación que parte del origen del fraude, por lo que lo dividen en fraudes externos (aquellos que vienen de personas que no laboran en el banco, aunque pueden ser clientes o relacionados) e internos (cuando los responsables laboran en el banco).

Mientras en el fraude externo la inmensa mayoría tiene como móvil la obtención de un beneficio económico, no ocurre lo mismo en el fraude interno, que también puede perseguir ocultar errores cometidos con la finalidad, por ejemplo, de mantener el empleo.

El modelo regulador y supervisor de las entidades del sistema financiero parte de la identificación y análisis de los distintos riesgos existentes en el negocio, a fin de lograr que existan las provisiones y el capital adecuado para enfrentarlos en caso de que se materialicen, evitando de esta manera las crisis de solvencia o de liquidez que puedan poner en peligro a las entidades que operan en el sistema.

Los riesgos en el negocio financiero son múltiples y variados, y a título ilustrativo podemos citar: el riesgo país, el riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operacional, riesgo reputacional, riesgo legal, riesgo estratégico, riesgo cambiario, riesgo sistémico o de contagio, entre otros. Algunos autores prefieren identificar los grandes riesgos, dentro de los cuales entonces sub-clasifican otros. Por ejemplo, dentro del riesgo operacional incluyen los riesgos legales.

Revisaremos muy rápidamente aquellos riesgos que guardan relación de alguna u otra manera con los fraudes bancarios o con sus consecuencias.

Riesgo operacional.
• Fraude interno: sustracciones por empleados, operaciones de iniciados (insiders trading) en perjuicio de la entidad, falseamiento de posiciones;
• Fraude externo: robos, falsificaciones, ruedas de talones y demás estafas, penetración no autorizada en los sistemas informáticos. (POVEDA, 2010, Pág. 138)

Los fraudes bancarios son como los contratos innominados, cuyo número depende únicamente de la creatividad de sus autores.

Según USTÁRIZ (2010), afirma que “… Dentro de los procesos internos que pueden fallar materializando un riesgo operacional, algunos autores incluyen de manera expresa y preponderante los principios de gobierno corporativo, pues se trata entonces de fallas en la parte más relevante de la estructura organizacional…” (p. 451).

Riesgo Legal.
Las operaciones financieras, de manera particular las bancarias, se encuentran fuertemente reguladas en prácticamente todos los países. La importancia de la normativa financiera ha quedado consagrada en la Constitución desde hace muchos años, y actualmente requiere una mayoría especial de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de una y otra cámara legislativa para la modificación del régimen legal de la banca.

El riesgo legal consiste precisamente en las consecuencias que pueden derivarse de la violación por parte de las entidades bancarias de las normas que regulan el sistema financiero, pero además se incluyen las violaciones a cualquiera de las obligaciones asumidas por tales entidades, por ejemplo de naturaleza contractual, laboral, fiscal, entre otras.

Uno de los eventos más importantes de riesgo legal en estos momentos lo constituye la violación por parte de las entidades de la normativa nacional e internacional relacionada al lavado o blanqueo de capitales.

Tal como hemos señalado, en Basilea, el riesgo legal se encuentra incluido dentro del riesgo operacional.

Riesgo reputacional.
En la banca la reputación de una entidad es fundamental, ya que el negocio se basa en buena medida en la confianza que se puede generar. En política se dice que la percepción es más importante que la realidad y en la banca debemos decir que no solamente se debe ser íntegro, competente, dedicado, sino que además debes parecerlo, es decir que realidad y percepción deben ser lo mismo.

Se definió el riesgo reputacional como “el riesgo de acciones y/o circunstancias que implican una publicidad adversa para la entidad por una situación degradada frente a la comunidad.”

No hay duda de que existe una fuerte conexión entre el fraude bancario (riesgo operacional) y el riesgo reputacional, por la potencialidad que tienen los fraudes de dañar la imagen de cualquier entidad.

Un riesgo de contagio no tiene necesariamente que ser sistémico, pues sus efectos pueden ser muy localizados (cuando se contagia a una sola entidad, por ejemplo), pero el riesgo sistémico es esencialmente un riesgo de contagio.

En las entidades de crédito se pueden desarrollar los mismos actos indebidos que en cualquier otro tipo de empresas; ahora bien, las características propias de la actividad bancaria, por la diversidad y exclusividad de sus operaciones y los numerosos riesgos existentes, hacen que en este sector se puedan producir más fraudes que en otras empresas y aparezcan, también, fraudes específicos que únicamente se producen en este tipo de entidades.

Además, en el negocio bancario el dinero está siempre presente y, salvo excepciones por motivos de venganza o notoriedad, se le considera el principal causante de la mayoría de los fraudes internos, entendidos como aquellos actos indebidos o desleales realizados por empleados y directivos en sus organizaciones.

Por este motivo, destacan en primer lugar los casos relacionados con la apropiación indebida de fondos en una amplia gama de modalidades, desde la substracción o robo del dinero físicamente hasta su desvío mediante la manipulación de cuentas, tanto internas de la entidad como de clientes.

En relación con los fondos de los clientes, hay que hacer referencia a uno de los fraudes tradicionales más típicos de la actividad bancaria y que está relacionado con el uso indebido de esos fondos por los empleados y directivos desleales al margen de la entidad de crédito, bien en su utilización pasajera para solventar necesidades económicas, bien de forma permanente para instrumentar lo que se denomina “banca paralela”.

Siguen en importancia las actuaciones indebidas o negligentes relacionadas con la actividad crediticia, destacándose, además, como la morosidad ha llevado a algunas entidades a situaciones muy delicadas, incluso de quiebra.

Sobresalen los sucesos relacionados con la concesión irregular de préstamos y créditos, fundamentalmente para beneficiar a los propios directivos, a determinadas empresas o a terceros. Además, las irregularidades se extienden también a los afianzamientos, al concederse créditos sin las garantías suficientes o, incluso, falsas, y en las reclamaciones posteriores con la finalidad de evitar o dificultar las recuperaciones de créditos fallidos.

En tercer lugar, aparecen una serie de actuaciones indebidas relacionadas con la operativa de las entidades y que se centran en bienes distintos al dinero, como por ejemplo cheques; en la información, tan sensible en este sector; o en las operaciones que se realizan en los diversos mercados.

Estas últimas actuaciones han generado quebrantos significativos en bastantes casos, como se indica en el apartado correspondiente a los derivados, pudiéndose observar cómo personas vinculadas a las entidades de crédito han aprovechado la actividad de la empresa, saltándose las normas y los controles existentes, para efectuar por cuenta propia operaciones de la compañía con la finalidad de especular o de realizar operaciones secretas para tratar de compensar las pérdidas generadas por inversiones desafortunadas.

En el sistema bancario se producen una serie de fraudes y estafas, que, fundamentalmente, suelen ser efectuados por delincuentes profesionales o por personas ajenas a las entidades, con la finalidad de obtener fondos indebidamente aprovechando la complejidad del sector. Entre las irregularidades tradicionales, destacan la utilización fraudulenta de las antiguas cámaras de compensación y el intento del cobro irregular efectos, mediante “rueda de talones” y la “rueda de recibos”.

La falsificación de documentos suele ser la forma más habitual utilizada por delincuentes y timadores actualmente para intentar obtener dinero ilícitamente de las entidades de crédito. Los casos más representativos hacen referencia a las siguientes clases de documentos: letras de cambio, pagarés y certificados de depósitos.

También existen casos de falsificaciones relacionadas con documentaciones, para obtener información de clientes con la intención de estafarlos posteriormente, y con avales, para tratar de garantizar la obtención de fondos.

En el sector bancario la informática tiene una gran importancia y lógicamente los fraudes realizados a través de los ordenadores representan un costo muy alto para las entidades. Entre los fraudes informáticos difundidos, especialmente por publicaciones especializadas, figuran bastantes casos relacionados con las entidades de crédito. Destacan las siguientes modalidades: transferencias indebidas de fondos, manipulación y robo de datos y alteración de programas informáticos.

En las actuaciones defraudatorias en esta área hay que destacar actualmente un mayor protagonismo de las personas ajenas a las entidades, fundamentalmente a través de que las entidades sufren por el uso fraudulento de las tarjetas de crédito, con la proliferación de las mismas han aparecido también múltiples sistemas para la obtención ilícita de fondos. Se pueden destacar desde los medios mecánicos para impedir la devolución al cliente de la tarjeta o del dinero, que son retirados una vez que el cliente se ha tenido que ir pensando que el cajero no funciona, hasta la obtención de información con la finalidad de transferir los datos a otras tarjetas falsificadas para uso fraudulento.

A nivel mundial, en la década de los noventa se han producido bastantes casos de quebrantos significativos relacionados con la operativa de derivados, tanto por operaciones indebidas como desafortunadas o especulativas, que han afectado a muchas entidades, tanto financieras como de otro tipo.

En nuestro país, también se han producido varios hechos similares, aunque con una repercusión menor. Las causas que han incidido en que se hayan podido producir tantas operaciones irregulares en esta operativa han sido muchas, destacando una libertad excesiva de los operadores; desconocimiento del mercado, operaciones y sus riesgos por parte de la dirección de las entidades, y, por último, falta de controles adecuados en las empresas.

Las cuantiosas pérdidas sufridas propiciaron que se reaccionase en el ámbito mundial, adoptándose una serie de recomendaciones y medidas para salvaguardar el sistema, incluyendo el reforzamiento de los mecanismos de vigilancia y control, tanto por parte de las autoridades competentes como por las propias entidades.

Con independencia de las operaciones irregulares indicadas en el apartado anterior, son destacables otras en las que algunos operadores, agentes o brokers han aprovechado su actividad en los mercados financieros para realizar operaciones indebidas, en su provecho o en el de terceros. En algunos casos, las operaciones irregulares se han producido para tratar de compensar pérdidas o una mala gestión.

Las actuaciones irregulares que se han puesto de manifiesto han consistido en la realización de transacciones ilegales, especulativas o no autorizadas para enriquecimiento indebido o generar plusvalías; negociar por cuenta propia valores antes de atender las órdenes de los clientes; efectuar adquisiciones temporales para venderlas cuando los precios han subido o adjudicarlas a clientes cuando se producen pérdidas; liquidar operaciones antes del período habitual o sin contar con los títulos e, incluso apropiación indebida de fondos.

Las irregularidades en el sector bursátil han producido cuantiosas pérdidas, especialmente en Estados Unidos, tanto a inversores como a algunas de las sociedades afectadas. En nuestro país hay que destacar, por la reciente notoriedad de un suceso, las relacionadas con cuatro firmas de valores en un periodo de cinco años, que han producido unos “agujeros” de unos 240 millones de euros a los inversores afectados.

También son destacables algunos casos en que los inversores han sido presuntamente estafados por entidades de inversiones, especialmente en sellos de correo.

En relación con este tipo de empresas hay que hacer referencia a la existencia de compañías que realizan actividades de servicios financieros sin estar debidamente autorizadas ni registradas. Estas sociedades, denominadas “chiringuitos”, tanto financieros como bancarios, en base a inversiones utópicas, la mayoría de las veces, prometen altos rendimientos. Además, ejercen su actividad sin una regulación específica y sin una estructura de empresa adecuada, en la mayoría de los casos, estando fuera del alcance de las medidas de control y supervisión establecidas para las empresas legalmente constituidas.
Por último, hay que hacer referencia, por su relación con el sector financiero, a la existencia de una serie de profesionales que tienen la finalidad de colocar o invertir los excedentes de sus clientes o de administrar su patrimonio. Las personas poco escrupulosas pueden aprovechar estas circunstancias para realizar actividades fraudulentas, sobre todo si los fondos de los clientes tienen una procedencia dudosa, “dinero negro”, ya que saben que con un poco de suerte no serán demandados por sus clientes, a quienes no les interesa poner de manifiesto la existencia o procedencia de esos fondos.

Entre los casos publicados destaca, en primer lugar, el alto porcentaje de estafas cometidas a clientes, seguido por la apropiación y desvío de fondos.

En cada país se requiere examinar la conducta y actos fraudulentos para poder identificar la infracción cometida de acuerdo con la legislación penal general o especial.

Por ejemplo, el que falsifica instrumentos bancarios se hace reo de falsedad en escritura de bancos, se castigará con las penas con un máximo de tres a diez años de trabajos públicos, a cualquier otra persona que cometa falsedad en escritura auténtica o pública, o en las de comercio o de banca, ya sea que imite o altere las escrituras o firmas, ya que estipule o inserte convenciones, disposiciones, obligaciones o descargos después de cerrados aquellos, o que adicione o altere cláusulas, declaraciones o hechos que debían recibirse o hacerse en dichos actos”.

Según el Código Penal castiga a las personas que haga uso de los documentos conociendo que los mismos han sido falseados.
Por muchos años la falsedad existía exclusivamente si algún documento bancario había sido físicamente alterado. En los últimos años la jurisprudencia ha evolucionado en la orientación correcta al incluir también los casos de falsedad intelectual, cuando el documento no se ha alterado físicamente, pero se ha hecho incluir en él elementos falsos de manera intencional. Este ha sido un paso muy importante para alcanzar conductas fraudulentas que antes no eran sancionadas, como por ejemplo, cuando un ejecutivo bancario, a sabiendas, entrega información falsa a los auditores externos para ser incluida en los estados financieros auditados del Banco.

Otros tipos penales establecidos en nuestro Código Penal se aplican con alguna frecuencia a los casos de fraudes bancarios, entre los que podemos citar:
1. Abuso de confianza, que castiga con penas hasta diez años a los empleados y ejecutivos que hayan sustraído efectos, mercancías, billetes, finiquitos o cualquier otro documento que contenga obligación u opere descargo, cuando tales documentos le hayan sido entregados para la ejecución del trabajo. Este tipo penal se utiliza sobre todo en los casos de fraudes internos.
2. La Estafa, que castiga con penas de hasta dos años a aquellos que se hayan hecho entregar valores sobre la premisa de nombres falsos, empresas falsas o activos imaginarios o de poderes que no tienen. Este tipo de infracción se utiliza sobre todo en caso de fraudes externos.
3. El Robo, en sus diversas modalidades.

Hoy día nadie duda de que los riesgos operacionales, y de manera muy particular el fraude como un componente importante dentro de dicho riesgo, puedan hacer desaparecer a entidades financieras de mayor o menor importancia, pero además en algunos casos poner en riesgo al sistema financiero completo de un país, de una región e incluso de todo el mundo.

La intervención pública en los problemas bancarios se encuentra extensamente documentada, y al respecto Montas nos dice:

Para Montas, (2002). “La crisis en los sistemas bancarios se han vuelto eventos cada vez más comunes, sobre todo en los países en desarrollo” . (pág. 55-57)

Las actuaciones fraudulentas indicadas en el presente trabajo han sido realizadas por personas, unas ajenas a las empresas y otras relacionadas con las mimas, distinguiendo a empleados de los dirigentes entre estas últimas por los diferentes alcances de sus actuaciones.

Los fraudes puestos de manifiesto han generado diversas consecuencias. En unos casos, las organizaciones no se han visto afectadas sensiblemente, en otros, se han producido cuantiosas pérdidas; sin embargo, en todos se puede apreciar la falta de ética en los tres tipos de personas que han realizado las actuaciones indebidas: empleados, directivos y estafadores ajenos a las empresas.

Las actuaciones indebidas generan una responsabilidad, que puede tener diversos ámbitos jurídicos: civil, penal, laboral, etc. En unos casos, estaríamos ante una responsabilidad directa a la que han de responder las personas que han ocasionado los actos fraudulentos, y en otros, la responsabilidad generada se dirige contra la empresa a la que pertenece el empleado o dirigente desleal.

Con independencia de las responsabilidades legales y otras posibles obligaciones, las actuaciones fraudulentas realizadas por personas vinculadas a las empresas pueden afectar de alguna manera, directa o indirectamente, en mayor o en menor medida, a la posición de las organizaciones ante su responsabilidad social.

Charro Pastor (1993) confirma que: “…Aunque los aspectos en que se centra la responsabilidad social sean distintos a medida que evolucionan la cultura y las necesidades de los ciudadanos, en el mundo de los negocios habría que precisar que la ética sería lo que nos impide hacer el mal mientras que la responsabilidad social sería el concepto que nos induciría a hacer el bien…”. (págs. 345 a 347)

Ferrajoli (2008) manifiesta: “…Si se tiene en cuenta que “la responsabilidad social de las organizaciones es, esencialmente, un concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio” , cualquier problema grave en su entorno puede afectar negativamente, de una forma indirecta, pero con carácter general, a determinados compromisos de las organizaciones con sus objetivos sociales y medioambientales, ya que, al estar inmersas en otros problemas, no pueden asumir el cumplimiento de determinados objetivos sociales, que pasan a un segundo plano. (p. 203)

En este sentido, algunos de los fraudes indicados anteriormente han podido limitar el compromiso social de las empresas, tanto de las afectadas como otras del sector, al estar preocupadas por las consecuencias derivadas de los mismos, que, en algunos casos, incluso ha sido la de la propia supervivencia.

De una forma directa, las organizaciones que han sufrido fraudes han visto limitada su responsabilidad social en mayor o en menor medida. Las repercusiones han afectado a varios frentes, destacando:

En el objetivo que constituye el fin de la empresa, ya que en algunos casos se ha impedido o dificultado de alguna manera el logro del mismo, en el contexto de que “este objetivo, para que la empresa se justifique, económica y moralmente, debe ser bifronte: por un lado, añadir valor económico, es decir, crear riqueza, y por otro lado, prestar un servicio determinado a la sociedad en la que la empresa se halla ubicada”. (Termes Carrero y otros, 1994, pág. 2.)

Para Gallo (1980) “En la gestión empresarial, que ha quedado dañada en bastantes organizaciones, ya que, en relación con algunos de los fraudes señalados, se puede aplicar que “los directivos que conceden prioridad absoluta a lograr su prestigio personal, poder o riqueza, olvidan las responsabilidades internas; al menos las que no son imprescindibles para lograr esas metas, y usan el proceso de dirección de la empresa como medio para sus fines”. (pág. 57.)

En el plano interno de las organizaciones, al verse afectados negativamente los trabajadores, tanto de las empresas afectadas como de otras del sector, con reducciones de salarios o pérdidas de empleo.

En las aportaciones de carácter social, pues las pérdidas sufridas por algunas de las empresas, especialmente en el área de los derivados, han restringido sus beneficios, limitando, en consecuencia, los fondos destinados a acciones sociales.

Por último, al ámbito económico en general, ya que hay que destacar cómo determinados fraudes han afectado negativamente al sistema financiero, a inversores, a accionistas, etc.

Las diversas incidencias que se han ido produciendo en el sector financiero han generado una serie de medidas. De las crisis bancarias podemos destacar los Fondos de Garantía de Depósitos y el reforzamiento de las medidas de supervisión en las entidades de crédito. Las grandes pérdidas en el área de los derivados desembocaron en la concienciación del problema y en la necesidad del establecer unas medidas de control adecuadas para este tipo de operaciones, tanto a nivel interno como de supervisión.

En la actualidad, las medidas existentes en nuestro sistema financiero son muchas y diversas, destacando: disposiciones de carácter preventivo, como las relativas a los requisitos previos para la creación de entidades; unos controles internos adecuados dentro de las organizaciones, tendentes a garantizar su operativa y limitar los numerosos riesgos existentes; unos controles externos más amplios que en otros sectores, relativos a las medidas de supervisión y a la auditoría de cuentas; de salvaguarda, como los Fondos de Garantía; o una legislación específica, con regímenes sancionadores adecuados para castigar los incumplimientos.

Con motivo de los últimos incidentes producidos en nuestro país, se han cuestionado la eficacia de las medidas existentes; ahora bien, a pesar de que puedan existir posibles lagunas, en algunas áreas de la actividad financiera, y carencias, relativas a falta de flexibilidad, homogeneización y adaptabilidad, parece claro que el camino andado en nuestro país desde los años setenta es mucho.

Además, con independencia de posibles fallos en los controles externos, o incluso negligencias e implicaciones, hay que poner de manifiesto que los verdaderos culpables de los fraudes han sido los gestores o agentes implicados de una forma directa y algunos clientes de forma indirecta.

Cuando un fraude se gesta en la alta dirección de una empresa es muy difícil evitarlo, ya que los controles internos no funcionan con la misma eficacia con la que combaten los fraudes de carácter general cometidos por empleados y los controles externos actúan a posteriori. Además, las posibilidades defraudatorias aumentan cuando no existe una empresa como tal y los administradores o agentes actúan de forma personal o fuera de los mercados reglamentarios.

Por otra parte, cuando hay voluntad de defraudar, los estafadores analizan cuidadosamente las posibilidades hasta encontrar un hueco o fallo en los sistemas para poder actuar, ya que el mundo financiero actual no puede moverse en un marco rígido y encorsetado.

También se deben considerar las influencias externas a las propias organizaciones, ya que, dadas las grandes sumas manejadas, puede ser fácil corromper a terceros e implicarlos en la trama.

Tampoco el mercado ha valorado debidamente determinadas actitudes, ya que empresas con directivos de dudosa moralidad o con resultados poco claros, han ascendido de forma incomprensible en bolsa dentro de espirales alcistas.

Igualmente, no se valora suficientemente la necesidad de un buen gobierno para las empresas, ya que unos consejos de administración adecuados con consejeros independientes pueden asegurar la viabilidad de la empresa por encima de los intereses de los consejeros ejecutivos, siendo la mejor garantía para los pequeños accionistas

Por último, hay que resaltar que, en algunos casos, los defraudadores han podido realizar sus actuaciones indebidas a l existir clientes que han buscado una excesiva rentabilidad o una salida al dinero negro, no preocupándose de analizar la firmeza de las empresas o solvencia de los intermediarios. En muchos casos, no se ha tenido en cuenta la calidad de las empresas, con la existencia de unos controles internos adecuados que garanticen las operaciones sin fraudes ni errores, equipos de dirección independientes y eficaces, auditorías externas sin salvedades, etc.

Como conclusión, se debe destacar que, con independencia de las cuestiones técnicas impulsadas por los poderes públicos, relativas a la regulación, supervisión, publicidad, etc., para poder evitar actuaciones como las indicadas se estima necesario tener en cuenta también otras consideraciones, que ya han sido puestas de manifiesto muchas veces y en múltiples foros, actuando en varios frentes, ya que no debe ser sólo una cuestión estatal, sino de todos:

A nivel individual, con una mayor implicación de los inversores que deben seleccionar adecuadamente los intermediarios financieros en función de la calidad de la información presentada, gestores, auditorías, etc., debiendo sopesar que siempre será mejor perder un poco de rentabilidad que no toda la inversión, ya que éstas no se deben convertir en juegos de azar.

A nivel empresarial, potenciando verdaderas culturas de empresa, tendentes a comportamientos eficientes que permitan cumplir con sus responsabilidades, tanto empresariales como sociales, con la exclusión por las propias sociedades del sector y corporaciones profesionales a aquéllas que no tengan comportamientos adecuados.

A nivel de los mercados, persiguiendo actuaciones limpias con transparencia de operaciones y empresas bien gobernadas, debidamente cualificadas y registradas.

FUENTES DE INFORMACION

• Koontz, Harold (1994). Contabilidad una perspectiva global. (10 ª ed.) México: McGraw – Hill Interamericana de México, S.A.
• Robbins, Stephen P. (1994). Contabilidad teoría y práctica. (4 ª ed.) México: Prentice – Hall Hispanoamericana, S.A.
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• Stoner, James A.F. (1996). Administración (6 ª ed.) México: Prentice – Hall Hispanoamericana, S.A.
• Chiavenato, Idalberto. (2001). Administración, proceso administrativo. (3 ª ed.) México: McGraw – Hill Interamericana de México, S.A.
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• Whittington O. Ray y Kurt Panny. (2005). Principios de Auditoría. México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V.,
• Manual del Auditor.
• Decreto Ley 159 de la Auditoría.
• Resolución 297 del 2003 del MFP.
• Resolución 322 del 2003 del MAC.
• Resolución 7 del 2001 del MAC.
• Resolución 5 del 2000 de la ONA.
• Resolución 2 de 1997 de la ONA.

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