A. Orientación al ciudadano. – Este principio significa la principal razón de la gestión pública es servir al ciudadano; es decir que el Estado y sus diversas entidades deben definir sus prioridades e intervenciones a partir de las necesidades ciudadanas y en virtud de ello, determinar las funciones y los procesos de gestión que permitan responder de manera eficaz esas necesidades con los recursos y capacidades disponibles en ese momento.
B. Articulación intergubernamental e intersectorial. – Este principio consiste en que las entidades públicas deben planificar y ejecutar de manera articulada, tanto como en los diferentes sectores, sistemas administrativos como los niveles de gobierno; promoviendo la comunicación con la finalidad de poder responder a las altas demandas ciudadanas con eficiencia y de manera oportuna.
C. Balance entre flexibilidad y control de la gestión. – Este principio se entiende que las entidades deben desarrollar una gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna, toda vez que deben responder las coyunturas propias del medio donde están y cumplir los procesos y procedimientos de los sistemas administrativos de manera que se asegure la prestación correcta e idónea.
D. Transparencia, rendición de cuentas y ética pública. – Este principio se desarrolla en el que los funcionarios públicos deben servir a los intereses de la Nación, actuar con veracidad, justicia, lealtad y respeto frente al Estado de Derecho; asimismo el Estado, sus autoridades y servidores deben rendir cuentas a la población, garantizar la transparencia en la actuación de sus instituciones, y permitir el acceso al ciudadano sobre la información pública.
E. Innovación y aprovechamiento de las tecnologías. – Se requiere que las instituciones públicas avancen en un proceso constante de revisión y renovación y para eso se debe aprovechar las tecnologías apropiadas, mismas que contribuirán y mejorará la Gestión Pública.
Principios orientadores de la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública
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