A su turno, Massini, (2011) Nos hace la referencia que los derechos fundamentales llevan implícita la noción asociada de dignidad humana e historia, ya que de un lado la primera exige que la sociedad y el Estado respeten la esfera de la Libertad, igualdad y desarrollo de la personalidad del hombre y del otro, porque a través de los tiempos este descubre y posteriormente normativiza aquellas facultades que le sirven para asegurar las condiciones de una existencia y coexistencia cabalmente humanas. Hernández (1995), nos señala que en perspectiva histórica se refieren a todas aquellas exigencias relacionadas con las necesidades de una vida digna, y que pueden ó no encontrarse positivados en los diferentes ordenamientos jurídicos.

Esta visión suprapositiva condiciona la actividad del Estado y la sociedad a asumir la responsabilidad permanente e inexcusable de afirmar su plena verificación por lo tanto las estructuras, formas de organización y las funciones que estas tienen como fin el garantizamiento y promoción de estos atributos y facultades incitas del ser humano, que por tales son superiores a las que propiamente emanan de la adjudicación o concesión de la organización social ó estadual.

El Contenido Esencial de los Derechos Fundamentales.
Todo derecho fundamental tiene un contenido jurídicamente determinado, el cual es inmodificable, en caso sea necesario llevar a cabo una regulación infraconstitucional para posibilitar su goce y ejercicio en la vida comunitaria.

Las Garantías Institucionales.- Mediante las garantías institucionales se consolida la eficacia normativa de un complejo normativo sistematizado, ello implica rebasar la mera protección abstracta o las simples prohibiciones al Estado, para ascender a la exigencia de una determinada conducta por parte del cuerpo político en cuanto al aseguramiento concreto y tangible de los valores, principios, consecuencias jurídicas y finalidades coexistenciales contenidas en dicho complejo normativo.

El respeto a la garantía institucional se impone al Estado, a efectos que la ordenación complementaria de la constitución sea concordante con su deber de fidelidad a aquella.

Las constituciones contienen una pluralidad de instituciones jurídicas, vale decir que comprenden a un conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas de cierto género, estas agrupan a una pluralidad de preceptos que son afines en función de su objeto de regulación, así las instituciones jurídicas como la familia, él matrimonio, la educación, la autonomía universitaria etc., expresamente mencionadas en la constitución devienen en componentes primordiales del sistema político-jurídico, las normas de estas instituciones constituyen un conglomerado sistematizado y regulador de situaciones jurídicas tendientes a cumplir una finalidad común, cuya presunción se estima indispensable para asegurar la vida de las constituciones.

Al igual que los derechos fundamentales estas instituciones tienen también un contenido indisponible para la actividad legislativa, en ese orden de ideas la garantías institucionales ofrecen una protección homóloga a las expuestas en relación a las garantías del contenido esencial de los derechos fundaméntales, como consecuencia de la existencia de estas garantías el Estado se encuentra sujeto a parámetros en cuanto a la reglamentación de dichas instituciones.

Bastida (2004), nos señala que las garantías institucionales permiten realizar lo siguiente:
– Cumplir una función de aseguramiento de una institución jurídica determinada, que la Constitución liga a un derecho fundamental.
– Imponer al Estado la implementación de una estructura infraconstitucional cuya existencia es necesaria para la eficacia político-jurídica de la constitución.
Dentro de las culturas políticas liberales modernas, los derechos humanos básicos son definidos como aquellos que pueden ser sostenidos en una sociedad que las siguientes reglas básicas:

1. Todos los individuos deberían poder actuar de la forma que elijan, siempre que al hacerlo no priven a otros individuos del mismo derecho.
2. Todos los individuos deben tomar responsabilidad por las consecuencias de sus actos.

El Fundamento de los Derechos Humanos.
Los Derechos Humanos, se fundamentan en la naturaleza humana, tales derechos le son inherentes al hombre en cuanto tal, en cuanto tiene naturaleza esencia de tal, desde la antigüedad ha sido buscada la explicación sobre la naturaleza humana.

Los Estoicos percibieron la natural inclinación a hacer el bien considerándolo cómo el primer principio, innato en la naturaleza del hombre, “haz el bien y evita el mal”, Cicerón encuentra el fundamento de los Derechos Humanos en la recta razón, que es la encargada de discernir lo bueno en la conducta humana como justo y verdadero y lo malo cómo lo injusto. Pero a su vez, la recta razón natural es más bien la que nos permite discernir los verdaderos Derechos Humanos.

Su alcance y jerarquía, pero no es el fundamento de los Derechos Humanos, porque la base de los mismos se encuentra en la naturaleza humana, por lo cual estos son para todos los hombres, cómo consecuencia, ser la dignidad de la naturaleza humana y su fundamento.

La naturaleza humana otorga titularidad a estos derechos universales, inviolables e irrenunciables; por lo tanto, al encontrar allí su fundamento, deducimos que no pertenecen al hombre por una disposición estatal, sino que le pertenecen por el sólo hecho de ser persona humana.

Estos derechos deben ser reconocidos en todos los hombres por igual, este reconocimiento debe ser real y fundamental, deben ser reconocidos para poder ser defendidos, respetados, para poder efectivamente proteger la dignidad humana y para hacer que su realización sea posible. El derecho es el respeto, es la propuesta social del respeto, tutelados una vez reconocidos y respetados, debo protegerlos la tutela corresponde a cada hombre, al Estado y a la comunidad internacional.

Promovidos, deben ser constantemente promovidos, esto es que deben darse a conocer y ser elevados en todo sentido, para evitar que sean violados, podemos añadir que los derechos humanos, en cuanto a derechos subjetivos, se encuentran en dependencia con la ley natural, (llamamos ley natural a aquellas proposiciones universales del entendimiento práctico que la razón humana formula a partir del conocimiento del orden inmanente en la realidad de las cosas).

La Ley natural es la participación de la Ley eterna en el hombre, los principios que esta contiene corresponde a las inclinaciones del hombre, el fundamento absoluto no es la voluntad del hombre, esto que no somos seres absolutos, sino limitados y contingentes.

Campos (2011) Indica que los derechos humanos, se constituyen como poder o facultad de actuar, obrar, exigir una conducta a otro individuo, se les denomina Derechos Humanos, porque están referidos sustancialmente al Hombre, persona humana o cada uno de nosotros, estos derechos sólo favorecen al Hombre por consiguiente este tiene pleno derecho de reclamar, reconocimiento, respeto, tutela y promoción de parte de sus demás conciudadanos y de las autoridades.

Los identificamos con claridad en Estados democráticos, donde se respeta la democracia, caso contrario ocurre en los países donde no se respeta la democracia, a estos Estados se les reconoce como no-democráticos, autoritarios ó totalitarios.

Para que los Derechos Humanos puedan reconocerse, identificarse con claridad el Estado deberá encontrarse en Democracia. Asimismo describimos a los Derechos Humanos como filosofía, las posturas que los devalúan, los niegan, los execran, los abordan peyorativamente o les restan importancia, implican en su base la adopción de una filosofía que no por ser desfavorable deja de ser tal.

La Filosofía toma como objeto de ese algo, que son los derechos humanos, se ocupa de ellos, los explica, busca saber y conocer cuál es su entidad, su consistencia y su fundamento. El aspecto Filosófico de los derechos humanos es un aspecto jurídico-político, posee gran contenido axiológico, pudiendo considerarse a los derechos humanos como valores, estos derechos humanos se encuentran ligados con la ética de la libertad de la igualdad y la paz.

Respeto a la Dignidad Humana
Fernández (1993) nos menciona el Artículo N°1 de la Constitución Política del Perú de 1993, señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la sociedad y el Estado, con respecto a su dignidad, Carlos Fernández Sessarego, señala que el artículo 1 de la Constitución de 1993, al lado del respeto a la persona humana, enuncia también el deber de la sociedad y del Estado de respetar su dignidad. La dignidad es una calidad inherente a la persona, en cuanto es simultáneamente libre e idéntica a sí misma, la libertad y la identidad sustentan la dignidad del ser humano. El ser posee dignidad porque, siendo libre, es un ser espiritual y además por el hecho que, a pesar de que todos los seres humanos son iguales, no hay dos idénticos. En esta dignidad inherente a su ser el sustento de los derechos fundamentales de la persona.

Según Fernandez (1993), los Derechos Fundamentales de la persona tiene como finalidad la protección unitaria e integral de la persona en cuanto es un ser que posee dignidad. Es esta dignidad la que justifica y explica los derechos fundamentales de la persona y le sirve de fundamento. De ahí que el artículo N° 3 de la Constitución establece que los derechos de la persona no se circunscriben a sólo aquellos expresamente normados por el ordenamiento jurídica, se fundan en la dignidad del hombre.

La Delimitación y la Limitación de los Derechos Fundamentales
García (2010) nos ilustra que la delimitación alude a aquellas fronteras jurídicas dispuestas explícita o implícitamente por la Constitución, así mediante las técnicas de interpretación, la jurisdicción Constitucional logra especificar la titularidad, objeto y contenido de un Derecho Fundamental.

Dicho criterio surge en razón a que la propia Constitución precisa su ámbito normativo, al respecto Bastida (2004) expone que aquello que el derecho fundamental garantiza y no garantiza emana del texto supra ya sea de manera directa o indirecta.

Mediante la delimitación se consigue determinar la titularidad del derecho, el objeto y contenido del Derecho Fundamental, la limitación alude a aquellos menguamientos o reducciones establecidas por el legislador ordinario, previa y expresa habilitación Constitucional, esta deviene en una facultad conferida al legislador ordinario a restringir o hasta excluir determinadas situaciones o conductas bajo la protección que fluye del reconocimiento de un Derecho Fundamental. En ese orden de ideas, las limitaciones se producen en aras del resguardo del orden público, la moral social o los derechos de terceros:

a) El orden público.- Esta noción expone la consagración legislativa de las ideas sociales, políticas y morales consideradas como fundamentales dentro de un Estado. Se la concibe como la suma de creencias, intereses y prácticas comunitarias orientadas hacia un mismo fin.
El orden público Constitucional, se encuentra conformado por el conjunto de principios de carácter ético jurídico, moral, económico y social que fluyen de la Constitución y que condicionan la actividad del Estado y los ciudadanos.

b) La moral social.- Esta noción alude al conjunto de comportamientos que conforme a la educación e instrucción generada en el medio social son recogidas por el Estado, a efectos de asegurar un mínimo moral necesario para que la convivencia humana tenga como marco de referencia el vivir haciendo y compartiendo el bien.

c) Los derechos de terceros.- Esta noción alude al conjunto de comportamientos destinados a cumplir con nuestros deberes jurídicos.

La fundamentación Iusfilosófica de los Derechos Fundamentales
Con criterio compartido por la doctrina constitucional, se acredita la existencia de tres grandes fuentes de fundamentación a saber: EL Historicismo, el Iusracionalismo y el Positivismo, veamos lo siguiente:
a) La Fundamentación Historicista.- Dicha fundamentación rehúye las especulaciones abstractas y se ampara en las reflexiones históricas que adquieren un sentido específico en un espacio-tiempo determinado, así los derechos de la persona no se sustentan en el mundo de las teorías, sino que son expresión de los hechos sociales, por ende, necesitan de la aquiescencia de los hombres a cuya vida afecta.

En la fundamentación historicista existe el reconocimiento de una pluralidad de prerrogativas cuyo título es el conjunto de personas integradas a un status determinado. Bastida (2004), señala que la fuente historicista se caracteriza en el campo Constitucional por buscar una reforma de las instituciones del Antiguo Régimen, sin que ello implicase una ruptura radical de aquel, en efecto la reivindicación de las libertades y franquicias se encuentra enraizada en la tradición y cultura de cada pueblo.

La referida fundamentación tiene singular valor para sostener los derechos de la persona en el ámbito de la influencia Británica. En ese contexto Bastida (2004), expone que el movimiento Historicista, combina pre-tenciones y elementos propios del nuevo pensamiento liberal, ilustrado emergente, con el respeto a los elementos de los ordenamientos jurídicos pre-estatales.

Se expone la idea que la sociedad y el Estado debían reformarse bajo las matrices burgueses del individualismo y el progreso, respetando aspectos nucleares cimentados históricamente, tales como las distinciones de clase y la antigüedad como criterio de validez jurídica, por ende el origen de los Derechos de la Persona se encuentra en la costumbre asumida por cada comunidad política en particular y en las leyes fundamentales pactadas por el Rey y los plurales representantes de los segmentos sociales.

Al respecto son citables la Carta Magna de 1215, la petición de Derechos de 1628 y la declaración de Derechos de 1689, en el caso de la carta magna se pacta reconociéndose prerrogativas estamentales referidas a la herencia, la libertad personal etc.

En el caso de la petición de Derechos, se pacta reconociéndose que nadie puede ser procesado ni condenado por acto de omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley.

En el caso de la Declaración de Derechos se pacta reconociéndose el derecho de petición, la libertad de opinión y de expresión.
a. La Fundamentación Iusracionalista.- Dicha fundamentación se sustenta en el derecho natural, es decir hace referencia a un conjunto de facultades o atribuciones extraídas de una normatividad suprapositiva reconducible a la esencia misma de la naturaleza humana.

Este Derecho natural es universal, válido para todos los hombres en todos los lugares y en todos los tiempos, debido a que comprende un conjunto de preceptos que no se basan en circunstancias accidentales sino en la naturaleza humana, este se presenta cómo ineludible, imperativo de la razón, que percibe la relación ontológica entre el ser y su finalidad, entre el hombre y el bien, este derecho surge de la naturaleza del hombre para su autorrealización.

En el derecho natural, aparecen todo el conjunto de facultades ó atribuciones inherentes a las personas, ya que esta puede llegar a conocer a través del ejercicio de la razón, en ese sentido la razón es aquella facultad que proporciona los principios del conocimiento a priori. Emmanuel Kant, funda el Derecho Natural sobre el principio de escribir el razonamiento que va de la causa al efecto en expresiones, que implican acuerdo con la probabilidad general.

Y que es una exigencia absoluta de la razón práctica, es decir aquella que procede a la acción, este expone que son aquellos que independientemente de un acto jurídico son transmitidos a cada individuo por la naturaleza.

La fundamentación iusracionalista, plantea que el derecho positivo (estatal), debe adecuar sus contenidos a los del derecho natural, si este requisito no se cumple, entonces estamos ante imposiciones arbitrarias, desde una perspectiva histórica se aprecia que a través de la institucionalización del Estado liberal de derecho, el cuerpo político se convierte en el protector de los derechos naturales, los cuales de absolutos en el estado de naturaleza situación anterior al pacto social), devienen en tutelables y regulables a través de la ley.

El Iusracionalismo acoge la idea del pacto social para englobar el derecho natural dentro de la esfera de los bienes individuales de los miembros de la comunidad política.

La declaración de independencia de los Estados Unidos 1776), y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano 1789), son la expresión más cabal de dicha fundamentación.

b) La Fundamentación Positivista.- Dicha fundamentación se sustenta en que los derechos de las personas surgen de la voluntad proteccionista del Estado, Así no existen facultades o atribuciones previas a la decisión del cuerpo político.

Como afirma Bastida (2004), constituidas la sociedad y el Estado, los sujetos solo podían disponer de aquellos derechos que les concediera el poder público. En consecuencia el Estado es libre para determinar la titularidad y contenido de los derechos de la persona. Dicha fundamentación plantea que solo existe el derecho estatal, rechazando por tanto, la idea del derecho natural, la voluntad del Estado se convierte en el único criterio de validez de los derechos de la persona , por ende a través de la Constitución se expresa esa decisión política, la cual se sustenta en la aprobación representativa del pueblo.

La Bidimensionalidad de los Derechos Fundamentales. Los derechos pueden ser observados desde una doble dimensión;
• Subjetiva y
• Objetiva

La dimensión subjetiva es aquella que hace referencia a las facultades de acción que estos reconocen a la persona titular de los mismos, en el ámbito de la vida existencial y coexistencial, por consiguiente permiten exigir al Estado o particular el cumplimiento cabal, exacto y preciso de lo dispuesto normativamente.

Ello implica el atributo de exigir la consecuencia tuitiva de dichos derechos, lo que puede verificarse en la ejecución de una determinada conducta, en el de no ejecutar una determinada conducta o en el otorgamiento de un concreto beneficio, es decir expone el derecho de hacer efectivo el goce de lo determinado a favor de la persona.

La dimensión objetiva es aquella que hace referencia a que la normatividad tuitiva contenida en dichos derechos se irradia o expande a todos los ámbitos de la vida estatal y social, ello en razón a que devienen en elementos indispensables para la estructuración del orden jurídico y la paz social, dicha dimensión exige que el Estado realice una atención determinada a través de políticas legislativas, jurisdiccionales o administrativas que permitan la optimización de atribuciones comprendidas en el conjunto de preceptos de carácter general y que por ende se manifiesten bastamente en el plano de la realidad, esta actuación también involucra residualmente a los particulares

Los efectos expansivos se expresan concretamente en lo siguiente:
a) Exige una actuación propositiva hacia la conformación material determinadas prescripciones jurídicas vía la dación de normas, sean de naturaleza pública o privada).
b) Exige la actuación propositiva hacia la conformación de políticas económico-sociales-culturales.
c) Exige la actuación propositiva hacia la conformación de políticas jurisdiccionales.
d) Exige la actuación propositiva de facilitar la acción ciudadana tendente a permitir la reclamación de su realización.

El Derecho de Presunción de la Inocencia
Neyra (2010) Nos indica que dicha materia se encuentra prevista en el apartado “e” del inc. 24 del artículo 2 de la Constitución vigente.

En nuestro país su regulación constitucional se inicia con el texto de 1,828, de manera concordante y con sujeción a lo establecido en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, el derecho objeto de comentario se encuentra contemplado en el artículo N° 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos el artículo XXVI de la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo N° 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Desde una perspectiva histórica su génesis se remonta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Francia 1789), Los convencionalistas franceses incorporaron este derecho en atención a la experiencia pre-revolucionaria de un sistema judicial prejuicioso y cruel. Su inserción apuntaba a lo siguiente:

a) Asegurar el reconocimiento a favor del imputado de la comisión de un ilícito, de la mantención de su condición de persona.
b) Establecer que la carga de la prueba otorgada a cargo del propio procesado, quedase bajo la responsabilidad del ente acusador.

Según Neyra (2010), la presunción de inocencia plantea la responsabilidad de correlación y actuación a la que se encuentran sometidas las autoridades estatales, los medios de comunicación masiva y la ciudadanía, de considerar y tratar como inocente a una persona, en tanto no se dicte contra ella una sentencia condenatoria firme, dentro de un proceso sustentado con las garantías debidas.

La presunción de la inocencia es aplicable a todo acto de poder público, sea judicial, administrativo y político mediante el cual se persigue castigar una conducta, en consecuencia sus efectos alcanzan a los diversos tipos de procesos o procedimientos que pudieran concluir en decisiones sancionatorias.

De dicho Derecho se establecen las consideraciones siguientes:

a) Deducción a priori y con cargo a demostración, de la no responsabilidad del imputado por la comisión de un ilícito o falta.
b) Obligación de la probanza de la imputación a cargo de la prueba incriminatoria, por parte del acusador.
c) Derecho del imputado ó no ser objeto de comentarios, formulados por las autoridades juzgantes, acerca de los anticipos del resultado del proceso.
d) Derecho del imputado a la aplicación del principio indubio pro-reo (la duda favorece al reo). En caso que la imputación no se encuentre respaldada por la certeza de culpabilidad.

Presunción de la Inocencia.- Esencial al ser humano, acompaña al ciudadano involucrado en una investigación durante toda la actuación, desde la fase preliminar hasta la sentencia. Este principio exige que el ente acusador cuente con los suficientes elementos materiales de prueba que soporten la existencia de una sospecha inicial seria, para la iniciación de la indagación previa. En al ámbito procesal exige prueba más allá de toda duda, para desvirtuarla.

Principio de no Autoincriminación.- Debe ser informado el ciudadano desde la indagación y en especial, al momento de la captura, para que decida si hace uso de él ó renuncia a este privilegio y colabora con la administración de justicia, acto que se hará con las formalidades que para ello exige la Ley, como es el estar asistido de un defensor de confianza ó por uno del Sistema Nacional de la Defensoría Pública.
El Derecho a que se declare invalidez de las declaraciones obtenidas por la violencia
Dicha facultad se encuentra presente en el apartado h), del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución vigente, en nuestro País su regulación Constitucional se inicia con el texto de 1979.

De manera concordante y con sujeción a lo establecido en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, también lo encontramos en el artículo N° 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Este derecho apunta a enervar valor jurídico a aquellas declaraciones obtenidas mediante cualquier forma de agresión, el funcionario estatal que emplee la violencia injustificada sobre un ciudadano incurre en la comisión de ilícito justificable penalmente.

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