La supremacía del Parlamento es el principio que anima la vida política y constitucional. La Cámara de los Comunes tiene una duración máxima de cinco años y de su seno salen casi todos los ministros, pues son contadas las Carteras confiadas a miembros de la Cámara de los Lores. Numerosos parlamentarios, además de representar su distrito electoral, llevan en la practica la voz de los grupos económicos con los que se hallan vinculados. Casi todos los distritos eligen solamente un diputado, siendo raros los que tienen derecho a designar dos o más. No existe representación de la minoría como sistema previo, ya que cada distrito elige solamente a los mayoritarios. Pero, dadas las diversas tendencias de los distritos electorales, la oposición se halla representada por quienes obtuvieron la mayoría en aquellos distritos en que predominaba el partido opuesto al que ha ganado el poder. El sistema uninominal, o sea no proporcional, explica que la composición de la Cámara refleje muy desproporcionadamente las corrientes partidistas pues el número de escaños que cada partido logra no corresponde exactamente a su caudal de votos. (Ferrero, 2003).
La oposición juega un papel fundamental. Ocupa los asientos situados al frente del escaño del Gobierno (Government Front Bench y Opposition Front Bench). Su líder percibe un sueldo anual, a fin de hacer posible que se dedique a controlar al Gabinete.
El Presidente, denominado Speaker porque era portavoz ante el Rey, tiene la facultad de seleccionar las enmiendas presentadas a una moción o a un proyecto de ley, de modo que sean debatidas solo las principales o de fondo. Tal facultad es llamada de “canguro” en el lenguaje corriente.
Corresponde a la Cámara de los Comunes la facultad legislativa y el control del Gabinete mediante las preguntas, la interpelación y la revisión de lo que el Ejecutivo legisla por delegación. Queda a la Cámara de los Lores la facultad de suspender por un año la vigencia de una ley aprobada en los. Comunes, salvo que se trate de una medida financiera. No pocas veces, el Gabinete se vale de la Cámara de los Lores para introducir enmiendas o apostillas en un proyecto, cuando la aprobación en la Cámara de los Comunes ha sido precipitada. Ello de-termina que el proyecto vuelva a esta Cámara, lo cual se hace con el consenso del partido mayoritario que aprovecha así la ocasión de enmendar el yerro o subsanar la omisión. (Ferrero, 2003).
La Cámara de los Lores está formada por más de ochocientos miembros natos y doscientos miembros vitalicios, pero los que ejercen su derecho a votar no pasan de trescientos. Se pertenece a ella por herencia o bien por la calidad de Obispos de la Iglesia Anglicana. Usualmente asisten a las sesiones menos de un centenar. La Corona, a pedido de los Ministros, crea cada cierto tiempo nuevas dignidades de Par, como recompensa por servicios eminentes prestados al país. En particular, debe subrayarse el nombramiento de jueces supremos, denominados Lores de Apelación. El nombramiento comporta la dignidad de par, o sea de miembros de la Cámara de los Lores. Tales nombramientos recaen en distinguidos juristas, que forman la Corte de la Banca del Rey o “King’s Bench”, la cual ejerce las funciones de Corte Suprema, en nombre de la Cámara de los. Lores. Hasta nueve jueces forman la Corte, siendo frecuente que presida el Lord Canciller, un ex-Lord Canciller o el Lord de Apelación más antiguo.
La Cámara de los Comunes se compone actualmente de 630 miembros, elegidos por circunscripciones pequeñas mediante el sistema de votación uninominal. Ello determina casi siempre que se forme una mayoría cuyo número de curules es muy superior a la proporción aritmética que resulta de la cantidad de votos lograda. (Bazán, 2001)
La Cámara de los Comunes sesiona, en promedio, 160 días al año, divididos según costumbre en cuatro periodos, de treinta a cincuenta y cinco días. La Cámara de los Lores suele sesionar unos 110 días al año. Los proyectos de Ley pueden ser presentados en cualquiera de las Cámaras, a menos que versen sobre tributos o gastos, pues estas materias son privativas de los Comunes. Una vez aprobado un proyecto en Tercera Lectura, pasa a la otra Cámara, la que puede devolverlo con enmiendas, caso en el cual estas son consideradas por la Cámara de origen. Si la Cámara de origen insiste, se intenta un acuerdo, que generalmente se logra. Cuando el proceso de avenimiento resulta imposible, la Cámara de los Comunes puede solicitar la Sanción al cabo de un año, conforme a las leyes sobre el Parlamento promulgadas en 1911 y 1949.
Existe en cada Cámara un sistema de comisiones, ideado para tratar los temas importantes en ambiente más especializado y tranquilo. Es frecuente que las comisiones de ambas Cámaras se reúnan de manera conjunta y voten como un solo cuerpo. La Cámara de los Comunes puede obligar a dimitir a un Ministro o al Gobierno, mediante una resolución de “no confianza” o bien rechazando un proyecto que se haya presentado como cuestión de confianza. En la práctica, no se dan estos casos sino raramente, siendo usual promover un debate critico a traves de la institución parlamentaria denominada de Ruegos y Preguntas. Cualquier miembro de la Cámara de los Comunes puede plantear interrogaciones o críticas, por escrito y con dos días de anticipación. La primera hora se destina a satisfacer dicho trámite, estando prohibido que la pregunta sea “tendenciosa, de carácter controvertible, irónica, vaga, frívola o repetitiva”. El diputado puede insistir con preguntas suplementarias, pe-ro queda a juicio del Speaker darles curso, así como evitar que se conviertan en debate.
Un bill o proyecto de leyes es redactado frecuente-mente en el Ministerio respectivo y enviado a la Cámara después de recabar la conformidad, del Gabinete. Algunos proyectos son redactados por miembros del Parlamento que no desempeñan cargos en el Gobierno. Las fases de la legislación consisten en una Primera Lectura del proyecto, que es simplemente protocolaria, en una Segunda Lectura, después de distribuidos los ejemplares, y en una Tercera Lectura, cuando ha sido informado por la Comisión pertinente. El debate procede en la Segunda Lectura y en la Tercera Lectura. (Ferrero, 2003).
La legislación delegada, cada vez más frecuente, está sujeta al control posterior que efectúa el Parlamento a fin de que este aprecie si se ha hecho use razonable de la autorización concedida en cada caso para que él Ejecutivo legisle mediante ordenanzas aprobadas por el Rey en su Consejo. En ciertos casos, la ordenanza no entrara en vigencia permanente sino después de haber sido confirmada por el Parlamento. Si este anula el reglamento dictado por una “Orden en Consejo”, el Gobierno ha de revocar de inmediato lo que legislo.
Por inspiración del Ombudsman escandinavo, existe desde el año 1967 el cargo de Comisionado Parlamentario, que es un funcionario de la Cámara de los Comunes designado con independencia del ejecutivo. Su función consiste en investigar las quejas contra la administración que le comuniquen los diputados a nombre de sus electores. Antes de intervenir, el Comisionado decide si el quejoso no dispone de otro recurso alternativo, sea mediante reclamación administrativa o por acción ante el poder judicial.