I.          Centralismo

La descentralización es, en teoría, una reforma institucional y un proceso de cambio imprescindible para modernizar y democratizar la sociedad peruana, para reformar el Estado peruano, para reducir las  desigualdades y divergencias económicas regionales y locales, en consecuencia para reducir la pobreza. Es decir, es un remedio de amplio espectro, con múltiples fines.

 

La centralización económica es un problema cuando la producción e ingresos del centro (Lima o cualquier capital de departamento) son siempre mayores que en la periferia (el resto del país o el resto de la región), y son divergentes en el largo plazo. Es decir, la centralización económica no genera  mecanismos de igualación y de difusión de los frutos de crecimiento entre regiones.

 

Es un problema de concentración de poder económico en el centro, con escasos mecanismos de redistribución. Esto se debe a la concentración en Lima del capital humano, capital físico y financiero.

 

Existe centralismo político cuando el nivel más alto de gobierno (el gobierno central) acapara las funciones y los recursos del Estado, mientras que los gobiernos regionales o locales tienen pocas competencias e influencia en sus ámbitos. Es pues un problema de concentración del poder político en el gobierno central.

 

El mayor problema surge cuando, como en el caso del Perú, la centralización económica alimenta al centralismo político y este a su vez refuerza a la primera. El mecanismo que genera esta retroalimentación es el siguiente: la concentración de la producción y empresarial genera una mayor tributación en Lima y principales ciudades, lo que permite al gobierno central tener capacidad de gasto, el cual se asigna en función del número de electores y ciudadanos, los cuales se encuentran en su mayor parte en el centro.

 

Este gasto, a su vez, dinamiza la demanda de Lima, favoreciendo incrementos en la producción del centro y así sucesivamente. Así se cierra el círculo perverso del centralismo.

 

Frente a un problema de “centralización dura”, la descentralización se presenta como una necesidad. Sin embargo, se señalar que la centralización económica es la que genera el centralismo estatal, en consecuencia, es necesario plantear una estrategia que lleve a la descentralización económica, como fin último.

 

La descentralización estatal es un instrumento importante pero insuficiente, para resolver este problema

 

II.         Terrorismo

La voluntad política es decisiva para explicar el inicio de cualquier subversión armada, pero no basta para explicar su duración, en nuestro caso, para explicar cómo ese «puñado de comunistas» avanzó hasta dar la sensación de que ponía en jaque al Estado y al país entero. Para comprender esa «década de la violencia» es necesario advertir cómo esa voluntad política aprovechó determinadas coyunturas, se alimentó de antiguas debilidades institucionales, aprovechó determinadas fallas estructurales, recogió ciertas reivindicaciones y graves frustraciones, expresó cierto imaginario y logró enraizarse en distintos sectores sociales y escenarios geográficos. Es necesario preguntarnos, entonces, por las causas históricas que le permitieron encontrar espacio a la explosión senderista

 

«Tierra o muerte» fue el lema que entre 1958 y 1964 identificó al movimiento campesino más importante por esos años en América del Sur. Cientos de miles de campesinos y trabajadores agrícolas se organizaron y movilizaron a lo largo del país, ocuparon cientos de miles de hectáreas en manos de grandes propietarios. Sin embargo, en todos esos años murieron sólo 166 personas, menos que en los primeros diez días de agosto de 1991. (Guzmán y Vargas, 1981).

 

III.        Migración

Según De  Soto (1990), el desarrollo espectacular que han tenido las ciudades modernas se debe, a la atracción que la industria localizada ha ejercido sobre los pobladores de otros lugares. Las gentes que vivían en los alrededores de la ciudad han sido los primeros que, poco a poco, se han asentado en la urbe.

 

Luego, lo han hecho gentes provenientes de más lejos, campesinos a los que la vivacidad de la ciudad les atrae más que la montaña y la opresiva vida rural. Finalmente, el aumento del volumen de las ciudades ha absorbido otros pequeños y medianos núcleos de población adyacentes, disolviendo cualquier traza de su antiguo carácter.

 

En los últimos  70 años, la migración indígena ha hecho que la población urbana  se quintuplique y que necesariamente la ciudad se reorganice. Pero al mismo tiempo la ciudad ha individualizado a sus habitantes. Ha comenzado a predominar el esfuerzo personal sobre el colectivo. Han surgido nuevos empresarios que, a diferencia de los tradicionales, son de origen popular. (Soto, 1990)

 

En términos  generales, el proceso de urbanización peruano se desencadenó con las grandes migraciones del campo a la ciudad que, si bien comenzaron un poco antes, están registradas por las estadísticas nacionales desde 1940. Así, en el caso de Lima, entre ese año y 1981 los migrantes han aumentado 6.3 veces, de 300,000 a 1’900,000. (Soto, 1990).

 

Al crecer el número de migrantes a la ciudad, se percataron de que no les era posible incorporarse a las actividades sociales y económicas establecidas legalmente y les era sumamente difícil acceder formalmente a la vivienda, la educación y sobre todo, a la empresa y al trabajo.

 

Los inmigrantes constituyen generalmente agrupaciones de pobreza dentro de la sociedad opulenta. Un somero análisis de este fenómeno demostraría en primer lugar que el motivo que impulsa esa emigración es la insatisfacción en su sociedad originaria, fundamentada por una situación de absoluta carencia.

 

A todo esto hay que agregar las barreras creadas por el clima, por el diferente estilo y nivel de vida y, a veces incluso por las propias características étnicas. El trabajador emigrante se encuentra desprovisto de los elementos de sociabilidad que existían en su lugar de origen. Ante un ambiente ingrato y hostil se tiene que refugiar entre sus parientes o amigos de su lugar de origen, lo que aumenta la distancia con la sociedad receptora. Buscan fórmulas sustitutivas de sus añoradas instituciones  locales y no pueden encontrar más que  mínimas compensaciones que no son otra cosa que el remoto espejismo de la realidad abandonada.

 

Las aspiraciones de regreso a sus lugares de origen hacen que los emigrantes vivan en unas condiciones peores aún que las que posibilitan sus salarios.

Al pretender plasmar a su regreso las ilusiones en realidades se imponen un ahorro riguroso, privándose de todo aquello que consideran superfluo. Esto provoca el que parte de los emigrantes radicados en las ciudades lleven una vida todavía más miserable que en su lugar de origen.

 

Los inmigrantes se tienen frecuentemente que agolpar en viviendas colectivas, en barracones eventuales, asentamientos humanos, invasiones, etc. donde la degradación se une a la masificación y a la explotación económica. (Capuñay, 1992).

 

En muchos casos, el trabajador inmigrante se encuentra en una situación peor que la tipificada como de marginación.

 

Según Altamirano (1996) considerando a los factores que presentan un mayor grado de asociación con el comportamiento migratorio, tenemos que, en el caso de la inmigración, el principal factor que la explica pertenece a la dimensión económica del desarrollo y más concretamente, a la estructura ocupacional. La relación de dependencia económica efectiva se puede considerar como un indicador de oportunidades de ocupación y, en este sentido, la inmigración es más alta en aquellos lugares en donde el grado de ocupación y las expectativas de mejores oportunidades de trabajo son mayores.

 

IV.       La informalidad

El sector informal está constituido por el conjunto  de empresas, trabajadores y actividades que operan  fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica.  Por lo tanto, pertenecer al sector informal supone estar al margen de las cargas tributarias y normas legales, pero también implica no contar con la protección y los servicios que el  estado puede ofrecer.  Esta definición, introducida  por De Soto (1989) en su clásico estudio sobre la informalidad, ha alcanzado gran popularidad ya que  su fortaleza conceptual permite concentrar el análisis en las causas de la informalidad antes que  meramente en los síntomas de ésta.

 

La informalidad es la forma distorsionada con la que una economía excesivamente reglamentada  responde tanto a los choques que enfrenta como a su potencial de crecimiento.  Se trata de una  respuesta distorsionada porque la informalidad su pone una asignación de recursos deficiente que  conlleva la pérdida, por lo menos parcial, de las ventajas que ofrece la legalidad: la protección policial  y judicial, el acceso al crédito formal, y la capacidad de participar en los mercados internacionales.

 

Por tratar de eludir el control del estado, muchas  empresas informales siguen siendo empresas pequeñas  con un tamaño inferior al óptimo, utilizan canales irregulares para adquirir y distribuir bienes y  servicios, y tienen que utilizar recursos constantemente para encubrir sus actividades o sobornar a  funcionarios públicos.  Por otra parte, la informalidad induce a las empresas formales a usar en forma más intensiva los recursos menos afectados por el régimen normativo.

 

En los países en desarrollo en particular, esto significa que las empresas formales tienen un uso menos intensivo de mano de obra de la que les correspondería tener de acuerdo a la dotación de recursos del país.  Además, el sector informal genera un factor externo negativo que se agrega a su efecto adverso sobre la eficiencia: las actividades informales utilizan y congestionan la infraestructura pública sin  contribuir con los ingresos tributarios necesarios para abastecerla.  Puesto que la infraestructura pública complementa el aporte del capital privado en el proceso de producción, la existencia de un sector informal de gran tamaño implica un menor crecimiento de la productividad (Loayza, 1996).

 

La informalidad surge cuando los costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que ello conlleva.  La formalidad involucra costos tanto en términos de ingresar a este sector; largos, complejos y costosos procesos de inscripción y registro; como en términos de permanecer dentro del mismo –pago de impuestos, cumplir las normas referidas a beneficios laborales y remuneraciones, manejo ambiental, salud, entre otros.

 

En principio, los beneficios de la formalidad son la protección policial frente al crimen y el abuso, el respaldo del sistema judicial para la resolución de conflictos y el cumplimiento de contratos, el acceso a instituciones financieras formales para obtener crédito y diversificar riesgos y, más ampliamente, la posibilidad de expandirse a mercados tanto locales como internacionales. Cuando menos en principio, la pertenencia al sector formal también elimina la posibilidad de tener que pagar sobornos y evita el pago de las multas y tarifas a las suelen estar expuestas las empresas que operan en la informalidad.

 

Por ello, este sector predomina cuando el marco legal y normativo es opresivo, cuando los servicios ofrecidos por el gobierno no son de gran calidad, y cuando la presencia y control del estado son débiles.

 

 

III.        BIBLIOGRAFIA

1. Loayza, Norman (1996), “The Economics of the Informal Sector: A Simple Model and Some Empirical Evidence from Latin America,” Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 45, 129-62.
2. De Soto, Hernando (1989), The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World, Harper Collins.
3. Efraín Gonzales de Olarte (2002). Centralización y descentralización en el Perú.
4. Comisión de la verdad y la reconciliación. Causas del Conflicto armado interno.
5. De Soto (1989). El otro sendero. Instituto Libertad y Democracia.